
Estos últimos no tienen licencia para instalarse aunque sea con una manta en el suelo. Pero además el ayuntamiento niega dar más licencias, dejando sin opción a quienes no tienen otros recursos para sobrevivir. Se les acusa de que si sus mercancías son robadas, pero basta con dar una vuelta para comprobar como sartenes oxidadas, cuadros viejos, libros desechados, ropa usada, y un sinfín de cosas muy deterioradas no son deseadas como para robarlas, y tampoco por el valor que pueden obtener de apenas un euro por artículo, cuando no menos.
Muchos clientes lo hacen por favorecer a estas gentes y no por el valor de sus mercancías. Entre estos vendedores ¿ilegales? hay muchas inmigrantes, pero también de aquí. Padres con sus hijos, alumnos de quien suscribe esta noticia. No son ilegales, son necesitados. Y la política de este ayuntamiento de Zaragoza es el acoso policial permanente, el decomiso de las mercancías. Y este domingo ha llegado ya al colmo, con el cerramiento del rastro con una valla metálica, con obras en día festivo para que las vean los propios vendedores y compradores. Esta es la política del ayuntamiento contra la pobreza.
Luis Antonio Sin | Para AraInfo



