El Gobierno de Zaragoza, desde el año 2017 procedió a tramitar como sanción cada vez que la inspección municipal detectaba que faltaba algún trabajador en el servicio de limpieza pública y FCC no había comunicado dicha ausencia al Ayuntamiento. Hasta entonces, lo que se hacía era simplemente deducir del importe que se paga a FCC el coste de las ausencias detectadas, por lo que no tenía ninguna consecuencia para la empresa no comunicar al Ayuntamiento las ausencias producidas respecto a lo inicialmente comunicado.
En el año 2016, FCC comunicó al Ayuntamiento 881 ausencias de la plantilla respecto a lo que inicialmente había previsto, si bien como consecuencia de las ausencias detectadas por la inspección municipal terminó reconociendo 1.123, es decir, 242 más.
Estas 242 ausencias detectadas por la inspección y que no habían sido comunicadas por FCC no tuvieron ninguna consecuencia para la empresa, más allá de que el Ayuntamiento no pagara por esos trabajadores y trabajadoras, es decir, que en la práctica no había diferencia en que FCC reconociera la ausencia o que tuviera que reconocerla una vez la inspección la hubiera detectado.
En el año 2017 se inició la tramitación del primer expediente sancionador como consecuencia de una ausencia no comunicada por la empresa. El impacto que tuvo esta medida en las comunicaciones de ausencias por parte de FCC fue significativo y se pasó de las 881 de 2016 a las 1.848 en 2017, siendo ya sólo 26 los casos detectados por la inspección municipal y no comunicados por parte de la empresa. En el año 2018, este número ascendió a 2.754, y la diferencia entre las ausencias comunicadas por la empresa y las detectadas por parte de FCC fue de únicamente 10.
En el año 2016, el 33% de las ausencias detectadas por la inspección municipal no habían sido comunicadas, en 2017 el porcentaje bajó al 3% y en 2018 ha sido de un 1%.
“Considerando que el Ayuntamiento paga a FCC en torno a 120 euros por trabajador de limpieza, es posible afirmar que la decisión de tramitar como sanciones las ausencias detectadas por la inspección y no comunicadas por FCC ha tenido como consecuencia un ahorro para las arcas municipales de aproximadamente 195.000 euros”, han señalado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.
Para el Consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, estos datos “demuestran que la inspección de las contratas es muy rentable y la falta de control que históricamente había habido le salía muy cara al Ayuntamiento”.
“Espero que los partidos que ridiculizaban los esfuerzos de este Gobierno por inspeccionar a las contratas reconozcan que teníamos razón cuando denunciábamos la connivencia de los anteriores gobiernos con las grandes contratas”, ha concluido el consejero.
