El pasado 2 de agosto, PAH Fraga solicitaba el alta en el padrón municipal de una familia con cuatro menores a su cargo que ocupan una vivienda de BBVA en la capital del Baix Cinca, y cuyo desalojo fue paralizado el pasado 10 de julio en espera de que fructifiquen las negociaciones en curso con la entidad bancaria para un alquiler social.
La PAH se amparaba en una Ley de ámbito estatal que obliga al empadronamiento de las personas residentes en un municipio independientemente que dispongan o no de contrato de alquiler en la vivienda que residen.
“En caso de ocupación de la vivienda donde aún no se disponga de contrato de alquiler, ha de ser la policía local quien certifique quienes son las personas que habitan en el inmueble”, señalan desde la plataforma.
“Toda vez que tanto el INE como la Policía Local de Fraga emitieron informe favorable, el Ayuntamiento ya ha procedido a cursar el alta en el registro municipal de esta familia en el día de ayer”, añaden.
De esta forma, la Plataforma muestra su satisfacción, ya que “mientras se negocia un alquiler social con la entidad bancaria, estas personas podrán acceder a servicios básicos a los que sin el alta en el padrón municipal no tenían derecho”.
