
La FAS manifestó su condena a esta actuación ilegal por la que se establece que una subvención no puede retirarse una vez resuelta y justificada. Además, varias ONG denunciaron estos hechos ante el Ayuntamiento de Calatayud mediante un proceso potestativo que fue denegado, por lo cual algunas ONG iniciaron un proceso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Calatayud.
Este proceso ha sido resuelto favorablemente para las ONG en diciembre de 2012 y, aunque ha sido largo, las ONG se muestran satisfechas con el resultado ya que, de no ser por esta sentencia favorable, este tipo de escenarios podrían crear precedente en otras administraciones. Desde la FAS creen que "una administración pública puede decidir o no convocar subvenciones, pero si las convoca y las resuelve, debe mantener el compromiso de pagarlas".




