El arzobispado navarro intenta desahuciar sin éxito a una mujer de 88 años

Pese a la orden judicial, la ayuda vecinal evita que Felicia Itoiz pierda la casa que lleva 36 años alquilando en la localidad navarra de Lizoain y que es propiedad del arzobispado

La jueza, tras la denuncia interpuesta por el arzobispo Francisco Pérez González, había ordenado que Felicia Itoiz, de 88 años, fuera desahuciada de su casa en el municipio navarro de Lizoain, el lunes 23 de octubre. Sin embargo, la sentencia no pudo aplicarse porque el cerrajero que tenía que cambiar el bombín de la entrada del inmueble se negó a ejecutar la orden. Su decisión estuvo precedida por una concentración en defensa de la mujer de edad avanzada.

Felicia Itoiz es viuda, tiene casi 89 años y lleva alquilando la vivienda propiedad del arzobispado desde hace 36 años. Se instaló en el inmueble con su marido difunto ya que él, al ser cartero de profesión, por trabajo tenía que vivir allí obligatoriamente. Según cuenta en declaraciones para el medio de Nafarroa, Ahötsa, pese a quererlo, su familia nunca pudo comprar la casa porque el arzobispado consideraba que la venta no le era rentable.

Actualmente, es el hijo de la mujer, que se encuentra en situación de desempleo, quien vive en la casa. Felicia pasa largas temporadas allí.

“Arreglamos toda la casa y después de 36 años pagando la renta todos los meses, ahora nos dicen que no se renueva el contrato y no nos dan otra explicación”, explica la mujer. Añade que ha hablado con el arzobispo Francisco Pérez Gonzáles, exgeneral del ejército español, y que éste para no renovarle el contrato, aduce"que se le comunicó que terminaba el período de alquiler porque era necesario llevar a cabo una serie de obras”.

La mujer intentó negociar con el arzobispado, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Pidió “poder morir en la vivienda donde había residido toda su vida”, que se encuentra en el pueblo donde están enterrados el padre y madre de ella, su marido y una hija. Francisco Pérez González se negó a concederle esa demora.

A partir de las 10 de la mañana del día 23 de octubre, se concentraron en Lizoain vecinos y vecinos tanto del pueblo como de municipios de valles cercanos, personas venidas de Iruñea y miembros de la Plataforma de defensa del Patrimonio Navarro -organización que desde hace 10 años lucha contra el expolio eclesiástico- para intentar evitar el desahucio.

Detrás de una pancarta en la que estaba inscrito "Casa Parroquial de Lizoain - De la inmatriculación al Desahucio", la comitiva se dirigió a la Casa concejil y luego a la casa de Felicia. Todo el recorrido estuvo controlado por un dispositivo de la Policía Foral que llegó a contar con tres furgonetas en el terreno. Durante el recorrido las personas asistentes corearon cánticos como “Obispos ladrones iréis al infierno” o “Las casas parroquiales eran vecinales”.

Cuando el cerrajero finalmente llegó enfrente de la casa de Felicia, ante la concentración, comunicó a la policía que no podía llevar a cabo su trabajo. Las vecinas concentradas lo despidieron con gritos de “el cerrajero, sí irá al cielo”.

Felicia Itoiz tras parar el golpe se mostraba, en declaraciones para Ahötsa, muy emocionada y orgullosa de la ayuda vecinal. Es el primer ataque del arzobispado y cabrá esperar a que se produzcan más intentos de usurparle un inmueble que lleva pagando religiosamente año tras año desde hace 36.

Tal y como denuncia en un comunicado Juan del Barrio de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la vivienda Felicia Itoiz, “fue inmatriculada por el arzobispado gracias a una Ley franquista, que permitía a la Iglesia registrar patrimonio a su nombre sin presentar documentos que acreditasen esas propiedades”. “Posteriormente el Gobierno del PP eliminó dicha ley, cuando ya los registradores episcopales habían inscrito la mayoría de esos bienes públicos, pero sin posibilidad de que aun derogada, pueda volver ese patrimonio a sus propietarios originales: los pueblos”, concluye Del Barrio.

La misma Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro afirma que en Nafarroa “el Arzobispado se ha apropiado de más de 1.200 bienes patrimoniales propiedad de los pueblos y que pronto o tarde deberá devolverlos”. Según el periódico eldiario.es, la iglesia reconoce en el Estado español estar en posesión de 24.000 bienes. Pese a esto, a todos esos inmuebles habría que sumar otros tantos que no están relacionados con la actividad religiosa.

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