Política

El Arzobispado de Zaragoza rechaza el acto de conciliación sobre las inmatriculaciones

El rechazo del acuerdo de conciliación abre el proceso de tramitación de la demanda del consistorio cuyo objetivo es que estos edificios sean de dominio público, patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Zaragoza, sin entrar a valorar los usos ni el carácter litúrgico de los bienes
| 3 mayo, 2017 19.05
El Arzobispado de Zaragoza rechaza el acto de conciliación sobre las inmatriculaciones
La Catedral de San Salvador - La Seo - es uno de los edificios inmatriculados en Zaragoza. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

El Arzobispado de Zaragoza ha rechazado cualquier tipo de negociación con el Ayuntamiento de Zaragoza en el acto de conciliación que ha tenido lugar este miércoles, en el que se planteaba pedir la nulidad de la inmatriculación de la Catedral de La Seo y de las iglesias de La Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes.

Desde el estamento eclesiástico han acusado al gobierno de Zaragoza en Común, de «falta de rigor legal» y de perseguir una finalidad «ideológica y propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia católica y, en concreto, del archidiócesis de Zaragoza».

Este martes, el Arzobispado presentaba un recurso de reposición sobre el decreto por el que se convocaba a la conciliación, ya que supuestamente había una incorrección. «Se hablaba de reconocer como bienes del ayuntamiento los inmuebles referidos y de revertirlos a él. Esto ni siquiera es lo que el ayuntamiento solicitaba».

Según advierte el Arzobispado de Zaragoza en un comunicado, «los bienes a los que se alude están registrados y el registro se realizó previa calificación del registrador». Además advierten que no se identifica la titularidad pública que se invoca y que el ayuntamiento no justifica la legitimación para incoar este proceso.

Para la archidiócesis de Zaragoza «la solicitud carece de fundamento probatorio y se presenta sin fundamento jurídico», y «a la solicitud no se le acompaña del informe previo del secretario municipal, un informe necesario para la defensa de los bienes del ayuntamiento».

El rechazo del acuerdo de conciliación por parte de la Iglesia abre el proceso de tramitación de la demanda del consistorio frente al arzobispado de la ciudad, cuyo objetivo es que estos edificios sean de dominio público, patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Zaragoza, sin entrar a valorar los usos ni el carácter litúrgico de los bienes.

La realidad es que estos edificios fueron inmatriculados en base a la ley hipotecaria franquista de 1946 – aunque el comienzo de esta práctica se remonta a 1863 – que otorgaba a la Iglesia la potestad de inscribir bienes inmuebles, una potestad de la que carece desde la última reforma de la ley en 2015, pero que fue permitida por la reforma de la Ley hipotecaria del Gobierno de José María Aznar en 1998, pese a ser una práctica que entraba en claro conflicto con los artículos 14 y 16 de la vigente carta magna.

3 mayo, 2017

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