El artículo 155: la ley de plastilina al servicio del poder

Se empieza a vislumbrar cómo será la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Aunque el PSOE considera que solamente servirá para convocar elecciones, desde otras posiciones se habla de intervenir la televisión, la policía y la educación públicas de Catalunya.

Foto: Moncloa

Puigdemont reiteró su voluntad de diálogo el jueves 19 de octubre, pero Moncloa afirmó que aplicaría el artículo 155 de la Constitución española. El PSOE y Ciudadanos aplaudieron la medida, pero el resto de fuerzas políticas criticó duramente el ejecutivo y sus socios.

El president de la Generalitat explicaba por carta ese mismo día que ante la negativa del Estado español a la negociación, el Govern de Catalunya no tendría otra opción que declarar unilateralmente la independencia. Con ello dejaba claro que el pasado 10 de octubre no se llevó a cabo la DUI, pues para hacerse efectiva, dicha declaración debería haber pasado por el Parlament de Catalunya.

El Gobierno español hacia oídos sordos a esa cuestión y convocaba un Consejo de Ministros extraordinario para el día 21 de octubre. De esa reunión se derivará un informe sobre la actuación que pondrá en marcha el ejecutivo de Mariano Rajoy en Catalunya. Según desvela la agencia EFE, el día 27 de octubre, el informe debe llegar al Senado y, en la cámara alta, donde el Partido Popular tiene mayoría, será aprobado por primera vez en la historia.

El minuto cero que tanto esperan ciertos partidos y personalidades políticas de la derecha, no ha llegado todavía. En esta semana que aún queda hasta que se apruebe la intervención que se deriva del artículo, Carles Puigdemont podría disolver el Parlament de Catalunya para convocar unas elecciones que se celebrarían a mitades de diciembre.

El artículo 155 de la Constitución española se ha convertido en el versículo jurídico más famoso de la historia reciente del Estado español. Curiosamente y como afirmaba el que fuera ministro de exteriores del Partido Popular, José Manuel García-Margallo, el 19 de octubre en una tertulia de Catalunya Radio, el artículo en cuestión es de plastilina; es decir puede aplicarse cómo le convenga a quien lo aplique. Es por este motivo que resulta complicado conocer qué implicará la implantación plena del 155 en Catalunya.

Las primeras pistas que tenemos de lo que acontecerá se han conocido el viernes 20 de octubre. El PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para convocar elecciones autonómicas el próximo enero. No son las únicas medidas que podrían llevarse a cabo. La secretaria de igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha afirmado en declaraciones a Antena 3 que el Estado español podría intervenir en TV3 -se refiere a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales- y en los Mossos d’Esquadra por ser responsables de la creación de un odio visceral hacia el Estado español.

Según Calvo “los independentistas, convirtiéndose en secesionistas, se han creído que los únicos derechos y libertades posibles eran los suyos (...) han querido montar una revolución contra la democracia”.

La televisión pública catalana, la policía catalana y la educación pública catalana están desde el 1-O -más aún si cabe- en la mirilla de PP, PSEO y Ciudadanos. Los medios de comunicación adictos al Estado español han ayudado en su campaña de desprestigio hacia las instituciones cuya competencia recae en la Generalitat; incluso hubo un intento de tildar al cuerpo médico de Catalunya de secesionista por “engrosar” el número de heridos en las cargas policiales sucedidas durante el referéndum de autodeterminación.

En este juego por la narrativa, las reiterativas ideas falsas de que el catalán se impone en las escuelas, que TV3 es una televisión sectaria o que los Mossos d’Esquadra tuvieron la culpa de los atentados de Las Ramblas, son estratagemas que allanan el camino para acabar con dichas instituciones.

Pese a que el PSOE, en boca de su secretario de organización de partido, José Luis Ábalos, hable de una aplicación del 155 “muy y muy limitada y breve”, en la recámara, la intención del Gobierno español y sus aliados es restar autonomía a Catalunya.

¿Puede el artículo 155 acabar con la televisión, la policía y la educación dependientes de la Generalitat? ¿Puede llevar a la convocatoria de elecciones autonómicas? Según el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavir Arbós, en una entrevista al diario Nació Digital, la respuesta a estas preguntas no está tan clara.

Arbós considera que en lo que se refiera a la convocatoria de elecciones, “el apartado 2 del artículo 155 dice que el Gobierno puede dar ‘instrucciones’. Dar instrucciones no puede querer decir ‘sustituir’. Las instrucciones de las que habla el 155 tampoco pueden suponer la suspensión de la Constitución y el Estatuto, que da al president de la Generalitat la posibilidad de disolver el Parlament. Sería modificar el Estatuto por decreto y no se puede olvidar que se trata de una ley orgánica del Estado.”

Hasta aquí la ley, ahora la política si es que en estos días existe mucha diferencia.

Poco se han hecho esperar las reacciones de los distintos grupos políticos del Estado español. Exceptuando PSOE y Ciudadanos, el resto de fuerzas políticas ha condenado -más o menos duramente- la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

La respuesta más contundente y la más inquietante para los intereses del partido encabezado por Pedro Sánchez llega desde Barcelona. El equipo de Barcelona en Comú que gobierna con con el PSC ha afirmado que, pese a que "el acuerdo funciona bien", no es sostenible gobernar con un partido cuya dirección apoya la aplicación del artículo 155. Con todo, el grupo liderado por Ada Colau se ha protegido de las inclemencias del futuro político afirmando que PSOE y PSC no son lo mismo.

También han llegado reacciones desde más allá de las fronteras del Estado español. Pese a que los diarios afines al Gobierno, el 20 de octubre se han vanagloriado del apoyo con el que cuenta el ejecutivo de Mariano Rajoy en la Unión Europea, lo cierto es que en el extranjero no existe tal cuórum.

El primer ministro belga Charles Michel criticó duramente la violencia policial del 1 de octubre y defendió el diálogo entre el Estado español y Catalunya. Ante esta declaración, el Gobierno de Rajoy a través de Álvaro Renedo, director para Europa y el G20, envió una carta al político belga.

En la misiva -un género muy de moda estos días- se afirmaba: “Tengo instrucciones de transmitirle el siguiente mensaje, con el ruego de que lo ponga en conocimiento urgente del Primer Ministro belga: estamos estupefactos (...) cómo un país socio puede hacer este tipo de declaraciones, que comprometen seriamente nuestras relaciones bilaterales”. La carta continuaba: “Aún no hemos visto declaración alguna del Gobierno belga instando a la Generalitat a cumplir la ley, solo ataques contra el Gobierno de España. Tomamos nota”.

Pero si de una reacción hay que hablar estos días es de la del delegado del Gobierno de español en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio que ha afirmado que el presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, "está pidiendo a gritos el artículo 155 de la Constitución" para que sea el Estado quien "corrija" los problemas que sufre esta Comunidad Autónoma gobernada por PSOE y Podemos. No hacía falta gozar de gran inteligencia para comprender que el artículo más famoso de nuestros días acabaría convirtiéndose en un arma arrojadiza de la derecha más rancia para atacar todo lo que no comprende ni comparte.

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