El 7 de julio finalizó el plazo de cinco años establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, para que las administraciones públicas con competencias en Justicia doten a las oficinas judiciales de los medios necesarios para la tramitación electrónica de los procedimientos.
Los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO denuncian que en Aragón "ni se ha puesto en marcha el expediente electrónico, ni se ha formado a los funcionarios encargados de su utilización".
Para la representación sindical se trata de otro ejemplo más de la línea de actuación de la Directora General de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, que "anuncia medidas que no llega a hacer efectivas como el pago a los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer, formación, justicia gratuita, servicios de guardias, servicio común de notificaciones y embargos..."
Las organizaciones sindicales reiteran al Presidente de Aragón, Javier Lambán, la petición de cese de Júlvez con el fin de que "se designe un interlocutor válido en la Administración de Justicia en Aragón".
