El pasado 24 de septiembre cerca de un millar de ultras acosaron a los 400 cargos públicos que se reunían en el Pabellón Siglo XXI. Sin embargo, según avanza el periodista Eduardo Bayona en Público, las infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana y el botellazo que sufrió la presidenta de la Cortes de Aragón Violeta Barba han sido archivadas “por falta de autor conocido”.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza no ha abierto ningún expediente de “ley mordaza” a ninguno de los quince participantes que llegaron a ser identificados por la Policía (uno de cada 40), explica Bayona. Al parecer la institución no abrió ningún expediente sancionador porque no les llegó nada, “ni de la Policía ni de ningún juzgado”.
Sin embargo, la normativa exige que al menos se solicite el permiso de manifestación con al menos una semana de antelación y un portavoz de la Jefatura Superior de Policía aseguró que tanto la identidad de los quince participantes como el archivo de la investigación del botellazo y las diligencias por la agresión que sufrió un agente fueron comunicadas al juzgado y a la delegación.
Asimismo, la concejala delegada de Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza Elena Giner remitió un escrito al propio Delegado de Gobierno en Aragón Gustavo Alcalde el día de después de que ocurrieran los hechos.
