La Asamblea del Movimiento 15M en Uesca expresa "su repulsa hacia la criminalización gubernamental de personas que participan en movilizaciones sociales, como las desarrolladas recientemente en Artieda, Binéfar o Uesca". El martes fueron citadas en los juzgados de la capital oscense tres personas que habían participado, en la vada cheneral, en un pacífico recorrido en bicicleta contra los recortes sociales y de derechos que impulsa el gobierno. El pasado 5 de diciembre de 2012 y ayer 30 de enero de 2013 acudieron a declarar dos oscenses imputados en una movilización pacífica frente a grandes obras hidráulicas. Con ellos ya son ocho los jóvenes acusados por ese mismo acto desarrollado el pasado 10 de octubre en la localidad de Artieda.
El martes, el 15M de Uesca se adhería al comunicado del Comité de Huelga ciudadano en apoyo de los primeros. Ahora, "al tiempo que nos reafirmamos en la defensa de la movilización pacífica como herramienta de cambio y expresión social de la discrepancia, queremos solidarizarnos con los segundos y expresar nuestro rechazo a la injustificada carga policial sufrida por los vecinos y amigos de aquella localidad de la Jacetania, durante el transcurso de una protesta pacífica (similar a la realizada por sus habitantes, con los mismos criterios, en ocasiones anteriores) con motivo de la desmesurada expropiación que esta sufriendo esa localidad a causa de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa".
COMUNICADO | Asamblea del Movimiento 15M de Uesca | La política hidráulica necesita una revisión | El recrecimiento de Yesa y el pantano de Biscarrués, al igual que numerosas obras contempladas en el Pacto del Agua de 1992, suponen a día de hoy un exponente más del desgobierno que sufrimos por parte de nuestros supuestos representantes. Se trata de proyectos faraónicos, apoyados en intereses partidistas, y aderezados de descompensación territorial y el despilfarro económico, que proyectan destruir patrimonio natural y cultural, y el derecho al auto sustento de los habitantes del territorio. Son iniciativas que se imponen sin mediar diálogo con los afectados, condenándo a los habitantes al abandono de sus lugares de origen y de medios de subsistencia que quedarán anegados bajo las aguas del ostracismo político.
Vivimos en una época de gobiernos deslucidos, de corrupción política, de clientelismo y prevaricación. Sufrimos las consecuencias de una gestión interesada, que nada tiene que ver con el Interés Público General, sumida en un amplio desconocimiento hacia el medio rural y el aprovechamiento agrícola.
El censo de concesiones de agua con uso agrícola está, actualmente, totalmente desfasado. Ya en 1985 los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro(CHE) advirtieron a las autoridades pertinentes que los usos reales del agua en Aragón no coincidían en absoluto con los registros de la CHE, en cuanto a los titulares del uso y la cantidad de agua empleada y que se requería su inmediata actualización para poder realizar cualquier actuación de manera eficaz y coherente. Pero las decisiones sobre algunas grandes obras hidráulicas ya estaban tomadas, el interés de unos pocos pesa más que el Interés Público General y para poder ejecutar sus deliberados planes, se ocultó y falseó la realidad de Aragón.