Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir

Hace quince días saltaba a la prensa la noticia de que las aragonesas no iban a poder ejercer su derecho a decidir si tenían que realizar un aborto debido a que  las clínicas acreditadas para ello y en concierto con el Servicio Aragonés de Salud paralizaban su acuerdo por la deuda acumulada con este organismo público. Las organizaciones feministas y la Asociación de Clínicas Acreditadas han denunciado en distintas ocasiones situaciones parecidas en otras comunidades. Desde la aprobación y posterior entrada en vigor en julio del 2010 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y …

Hace quince días saltaba a la prensa la noticia de que las aragonesas no iban a poder ejercer su derecho a decidir si tenían que realizar un aborto debido a que  las clínicas acreditadas para ello y en concierto con el Servicio Aragonés de Salud paralizaban su acuerdo por la deuda acumulada con este organismo público. Las organizaciones feministas y la Asociación de Clínicas Acreditadas han denunciado en distintas ocasiones situaciones parecidas en otras comunidades.

Desde la aprobación y posterior entrada en vigor en julio del 2010 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo las mujeres pueden realizar un aborto dentro de las 14 semanas por decisión propia y a partir de ese momento por motivos médicos y con una serie de plazos e indicaciones.Aunque en esta nueva ley continúan existiendo algunas  restricciones para las mujeres y existe una gran diferencia en su aplicación según las comunidades autónomas, la prestación quedaba incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. En mi opinión, este hecho y el que no fuera necesario justificar ningún  motivo en las primeras 14 semanas han supuesto una mejora después de tantos años de reclamar que se respete y garantice el derecho a decidir de las mujeres.

Tras casi dos años de aplicación de esta nueva ley se ha constatado que una cosa es el espíritu que la fundamentaba y otra muy diferente su puesta en práctica por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, resultando muy diferente tener que hacer una interrupción de embarazo  en La Rioja  de hacerla en Andalucía, facilitando o poniendo trabas en  función del signo político del gobierno de turno. La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas hace un preciso balance de la situación actual analizando a través de diversos aspectos  el incumplimiento en la aplicación efectiva de la Ley y las diferencias territoriales existentes cuando una mujer accede a una Interrupción Voluntaria de Embarazo dentro del sistema público sanitario. Podéis consultar este informe en este enlace.

En Aragón lejos de realizar estas intervenciones en los centros de la red sanitaria pública, se ha derivado a los centros privados acreditados, aunque financiadas por el sistema público. Una mujer se informa de las condiciones para acceder a esta prestación en los centros de salud, servicios de urgencias, las clínicas concertadas…etc y con un sencillo trámite, no exento de polémica y contradicciones (como es la recogida de un sobre de información y esperar un periodo de reflexión de al menos tres días) puede realizar el aborto sin demasiadas trabas. Con la suspensión de este acuerdo entre las clínicas concertadas y el servicio aragonés de salud  ha vuelto al debate la posibilidad de que los abortos se puedan realizar en los hospitales públicos, la ausencia de regulación de las responsabilidades de los centros sanitarios en relación a la IVE y la no regulación de la objeción de conciencia de sus profesionales. Y al no estar garantizada la prestación en estos últimos ni en las clínicas, las mujeres se han visto obligadas a esperar qué solución se les ofrecía.  Las que no podían esperar por estar muy cercanas  a las 14 semanas o por lo que supone la angustia  de vivir esta situación, han tenido como única opción pagar por hacer el aborto. Esto supone una vulneración de su derecho a decidir, incumple gravemente la ley y establece una clara diferencia entre las que se lo pueden costear y las que no pueden.

Otras opciones que el Servicio Aragonés de Salud ha anunciado estos días para resolver este problema: adelantar el dinero para la realización del aborto en la clínica privada por parte de la mujer y su posterior devolución e incluso derivarlas a clínicas de otras comunidades cercanas, situaciones que ya viven las mujeres de Cataluña en el primer caso y de Cantabria en el segundo por poner algún ejemplo.

Parece que se ha logrado un acuerdo con otra clínica en Zaragoza, distinta de las que venían atendiendo a las mujeres desde hace años, pero hasta este momento las mujeres que solicitan un aborto han pasado  a formar parte de una lista de espera con la consiguiente confusión e inseguridad sobre cuándo y cómo van a poder  ser atendidas.

A todo esto hay que añadir que hace unos meses el Gobierno anunciaba la reforma de la ley de 2010, suprimiendo los plazos y volviendo a exigir una justificación para poder abortar. También anunciaba la supresión del derecho al aborto de las jóvenes de 16 a 18 años sin necesidad de informar a sus padres en casos de conflicto familiar que sí recoge la actual ley. Por otro lado, diferentes noticias estatales han ido adelantando que el aborto que no se realice por motivos médicos salga de la cartera básica de servicios.

Así que podemos concluir que sin  haber logrado una aplicación efectiva de la ley e igual para todas las mujeres lo siguiente es amenazar con derogarla. No olvidemos que una parte de la norma  tiene que ver con la interrupción de embarazo, pero otra parte se refiere aspectos de la salud sexual y reproductiva como son la educación sexual que preveía incluirla en los centros educativos de manera transversal en algunas asignaturas. También era de esperar una mejora en  el acceso a métodos anticonceptivos y su financiación. Pero en la práctica, las actuaciones en cuanto a formación y sensibilización que se hacen en el ámbito educativo, sanitario…etc, siguen dependiendo de las buenas intenciones de educadores y  profesionales más concienciados, ya que no  existe la voluntad por parte del Gobierno central o autonómico de apoyar nuevas iniciativas en educación afectivo-sexual,  ni se ha invertido en recursos que concreten la ley en este tema.

Próximamente se convocarán movilizaciones por parte del movimiento feminista en contra de la derogación de la ley de plazos, la exclusión del aborto de la cartera básica de servicios y otros recortes en derechos de la Salud. Os tendremos informad@s.

Reyes Moreno López | Para AraInfo

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