Zaragoza deberá revisar la ubicación de buena parte de sus estaciones de medición de la calidad del aire para adaptarse a la nueva normativa europea. Así lo señala el informe “Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español”, elaborado por Ecologistas en Acción, que pide garantizar que al menos la mitad de los medidores se sitúen en puntos críticos de contaminación.
En la capital aragonesa, la estación de Avenida Soria —orientada al tráfico— cumple en general con los criterios de macro y microimplantación establecidos por la nueva Directiva europea. Sin embargo, el informe advierte de que en 2025 esta estación superó el nuevo nivel legal de dióxido de nitrógeno (NO₂) que será obligatorio a partir de 2030. Además, recuerda que se trata de un medidor reubicado en 2015 desde su anterior emplazamiento en la avenida de Navarra, junto a un colegio, donde se registraban niveles elevados de contaminación que pudieron afectar a la población escolar.
Más allá de este punto, Zaragoza cuenta con otras siete estaciones de medición cuya ubicación debería revisarse. Ecologistas en Acción subraya que es necesario garantizar que al menos la mitad de ellas se sitúen en calles con mayor densidad de tráfico y, por tanto, en los puntos donde se registran las concentraciones más altas de contaminación, tal y como exige la Directiva 2024/2881 sobre calidad del aire.
Tres de cada cuatro medidores urbanos están mal ubicados
El informe analiza 25 estaciones de tráfico en otras tantas ciudades del Estado español y concluye que tres de cada cuatro presentan deficiencias en su ubicación. En concreto, 19 de las 25 estaciones estudiadas no cumplen total o parcialmente los criterios establecidos, ya sea por su localización general (macroimplantación) o por las condiciones concretas de su entorno (microimplantación).
Entre los problemas detectados a nivel estatal se encuentran estaciones situadas en calles que no registran las mayores concentraciones de contaminación —como ocurre en Barcelona, Bilbo, Elx, Granada, Santander o Valladolid— o ciudades sin estaciones específicas de tráfico, como Badajoz, Guadalajara y Logroño. También se han identificado deficiencias técnicas como alturas de medición inadecuadas o una distancia excesiva respecto a la calzada.
Ecologistas en Acción denuncia que, durante años, algunas administraciones han reubicado estaciones “conflictivas” en zonas menos expuestas al tráfico para evitar reflejar los niveles reales de contaminación, una práctica que ya fue cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2019 en el caso de Bruselas.
La nueva Directiva europea refuerza estos criterios y establece que los puntos de medición deben situarse en áreas representativas de la exposición real de la población, especialmente en zonas sensibles como barrios residenciales, centros educativos, hospitales o espacios con alta densidad de tráfico. Además, obliga a que al menos una estación por zona se ubique en un punto crítico de contaminación.
En este contexto, Ecologistas en Acción reclama al Gobierno español que, en el proceso de transposición de la Directiva, establezca un plazo máximo de un año para revisar la ubicación de todas las estaciones de medición. También propone que este proceso se realice con participación ciudadana y que el Ministerio para la Transición Ecológica elabore una guía técnica común para todas las ciudades.
Para la organización, adaptar correctamente la red de medición es clave para conocer la exposición real de la población a la contaminación atmosférica y evitar que las superaciones de los límites legales pasen desapercibidas.
