La Segunda Semana por la Seguridad Vial se celebra estos días en todo el mundo para recordar la necesidad de proteger a los peatones, las víctimas de tráfico más vulnerables. Los expertos de Naciones Unidas apuntan a la reducción de la velocidad en ciudad a los 30 kilómetros hora como medida efectiva para evitar atropellos y accidentes. Un objetivo que Ecologistas en Acción y otras organizaciones impulsan con el apoyo de la ciudadanía.
Cada año se producen en el Estado español más de 10.000 atropellos, de los cuales un 92% son en ciudad, según un estudio presentado recientemente por el RACE. La cifra se reduciría sustancialmente si se limitara la velocidad máxima en núcleos urbanos. Una amplia red de organizaciones de todo el continente lanzó la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que a lo largo de este año podría lograr esa meta.
Una página web recoge los apoyos de todos los ciudadanos y ciudadanas que apuestan por calles más seguras, limpias y habitables. Las firmas serán entregadas a la Comisión Europea, para que esta institución lance una propuesta legislativa en toda la Unión Europea.
Ecologistas en Acción, Stop Accidentes, Andando, Conbici, Comisiones Obreras, Izquierda Unida Madrid y la Fundación Pons figuran entre las organizaciones que apoyan esta iniciativa a nivel estatal. La seguridad vial figura entre las principales razones.
Menos muertes en accidentes. Se reduciría el número de personas atropelladas cada año en nuestras ciudades y la gravedad de las lesiones. Al reducir la velocidad de 50 km/h a 30 km/h, baja sustancialmente la distancia necesaria de frenada, desde los 53 a 36 metros. Esto significa que las posibilidades de morir en un atropello pasan de un 45% a tan solo un 5%, es decir, 9 veces menos.
Más viandantes y bicicletas. Se favorecerían los modos más sostenibles, como la marcha a pie y en bicicleta. La mayor disuasión en nuestras ciudades para que las personas anden o vayan en bicicleta no es otra que el peligro provocado por la circulación a velocidades elevadas.
Menos contaminación. Se reduciría el ruido provocado por los automóviles y –gracias a la mayor proporción de desplazamientos a pie o en bicicleta y de las menores aceleraciones de los automóviles– se reduciría la contaminación del aire de las ciudades y la emisión de gases de efecto invernadero. La reducción del nivel de ruido mediante el límite de 30 km/h es de 3 decibelios, según el consejo medioambiental SRU. El 80% de la contaminación acústica de nuestras ciudades viene causada por el tráfico rodado. Los datos oficiales indican que el 74% de la ciudadanía del Estado español está expuesta a niveles sonoros superiores a 55 decibelios producidos por la circulación. Dos de cada tres residentes en ciudades españolas medias o grandes viven en ambientes sonoros considerados inaceptables.
Menos combustible. Disminuiría el consumo de combustibles de automoción, lo que implicaría una mejora en nuestro balance comercial y un ahorro en recursos financieros que se podrían dedicar a otros fines sociales. En 2011 las compras de petróleo supusieron el 63,1% del total del saldo comercial del país en 2011, frente a un 43,5% en 2010, de las que más de la mitad fueron gasóleos, mayoritariamente para automoción. Resulta evidente que si se redujera el uso del el automóvil (el medio de transporte más ineficiente) a favor de los modos no motorizados, se ahorraría.
