Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón demandan al Gobierno español por "inacción ante el cambio climático"

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, las tres organizaciones consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo y que los esfuerzos del actual Gobierno español "resultan insuficientes". El anuncio histórico de las tres organizaciones se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años.

Foto: Greenpeace

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han anunciado este martes una acción histórica: el inicio de un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático.

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, las tres organizaciones consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo y que los esfuerzos del actual Gobierno español "resultan insuficientes" para "cumplir con los compromisos internacionales adquiridos" y para "compensar la falta de acción de gobiernos previos". El español, recuerdan, es uno de los estados europeos más afectados por el cambio climático, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

“Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes”, ha señalado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

El anuncio de este proceso judicial se suma así a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa.

El caso más notorio es el de Países Bajos, donde la Fundación URGENDA ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno neerlandés por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

“En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”, ha afirmado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

Incumplimiento de obligaciones

A juicio de las tres organizaciones, "la toma de decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta no puede desatenderse, aunque en este momento sea importante buscar respuestas urgentes frente a la pandemia del COVID-19".

Denuncian que el Gobierno español "ha incumplido la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que establece la obligación de aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) para el pasado mes de diciembre".

"Con ello -continúan-, el Gobierno está vulnerando también los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar los 1,5ºC, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero no debería ser inferior al 55% en 2030 respecto a 1990 y al cero neto de las emisiones en 2040. Sin embargo, el Gobierno planea un  objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional".

Además, "hace tiempo que los más altos tribunales internacionales reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos", advierten.

El Estado español lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero por encima del límite establecido. "Sólo el impacto de la crisis económica de 2008 se tradujo en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad", apuntan.

Con los objetivos previstos por el Gobierno español para la  reducción de emisiones, el Estado español "no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones costeras. Situaciones que, como en el resto del mundo, afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables".

“Al igual que en el resto del planeta”, ha añadido Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, “también en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas”.

Por todo ello, las tres organizaciones, desde su compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía, consideran "ineludible" la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno español, "la única instancia a la que acudir", por su actividad "totalmente insuficiente desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras".

Cabe recordar que el pasado 24 de enero de 2020, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón presentaron una reclamación frente a la inactivdad climática de la Administración General del Estado, conminando a “la adopción de las medidas pertinentes para cumplir las obligaciones históricas y ambientales del Estado español”.

Ante la falta de respuesta del Gobierno, este 14 de septiembre de 2020, las organizaciones han iniciado la vía judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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