El gobierno del Partido Popular está interviniendo enérgicamente en el sector eléctrico. A pesar de la existencia de un comité de expertos, parece que la intención del ministro Álvaro Nadal es pilotar la transición energética según sus propios intereses. Una nueva prueba de ello es el anuncio de que se transferirán las competencias y los fondos de Enresa para el desmantelamiento de las centrales nucleares a los propietarios de las mismas. Esto se realizaría mediante un Proyecto de Ley que deberá someterse a los trámites parlamentarios oportunos, lo que supondría un profundo y peligroso cambio en la gestión del parque nuclear en el Estado español.
En primer lugar, las empresas intentarán, en consonancia con las intenciones del ministro Nadal, mantener en funcionamiento las centrales nucleares el mayor tiempo posible, bajo el pretexto de generar más fondos para el desmantelamiento. Las empresas propietarias seguirán recibiendo los sustanciosos beneficios que obtienen en la actualidad, pero esta prolongación de las nucleares también implicaría un deterioro por el envejecimiento de las centrales, con el consiguiente aumento de la inseguridad que provocaría esta degradación.
En segundo lugar, estas empresas intentarían reducir costes con el fin de aumentar los beneficios, lo que reduciría las garantías en las diferentes fases del ciclo nuclear. Esto aumentaría del riesgo de accidente, fuga o contaminación de las personas trabajadoras.
Por si esto fuera poco, en los procesos de licenciamiento de obras, bienes y servicios durante el desmantelamiento se perderían las garantías a las que obliga la contratación pública y a las que hoy está sujeta Enresa, permitiendo a las eléctricas realizar esos contratos con criterios puramente económicos.
Además, se cederían a las empresas los fondos de Enresa para su gestión, lo que otorgaría a las eléctricas un enorme poder para actuar en el ámbito financiero, que se sumaría al que ya tienen actualmente. Se perderían así las actuales restricciones que tiene Enresa para la gestión de estos fondos, que entre otras cosas le impiden invertirlos en productos financieros especulativos, evitando así el riesgo de que se produzcan pérdidas.
Finalmente, se pierde el control parlamentario del desmantelamiento de las centrales, dañando más la calidad de nuestra democracia. Las comparecencias de Enresa dejarían de tener sentido y se perdería la capacidad de control del Congreso de los Diputados y otras instituciones sobre el proceso de desmantelamiento.
Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, "estamos ante una posible aberración legal que introducirá más inseguridad nuclear y menos control ciudadano y político de los procesos de desmantelamiento. Además otorgaría a las eléctricas mucho más poder del que tienen hoy a través de la gestión de los fondos de Enresa".
