Duras críticas del Defensor del Pueblo al trato que reciben los migrantes en los CIEs del Estado español

Para la institución encargada de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, los Centros de Internamiento de Extranjeros son prolongaciones de una comisaría

El Defensor del Pueblo ha sido contundente en su informe sobre las vulneraciones sufridas por las personas recluidas en CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros). Según el Informe Anual 2017 que Francisco Fernández Marugán, máximo representante de la institución en cuestión, ha entregado al Congreso de los Diputados y al Senado en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP), los CIEs se han convertido en la “prolongación de una comisaría”.

Sus conclusiones están fundamentadas en la visita de todos los CIEs del Estado español a excepción del de València. Asimismo, el informa revela que por los centros para migrantes han pasado personas de 92 nacionalidades de entre las que predominan la marroquí, la costamarfileña, la gambiana y la guineana.

“Ello permite apuntar que, en la mayor parte de estos casos, los CIEs de todo el territorio están empleándose casi al límite de su capacidad como elementos de contención y, en alguna medida también de canalización, de la inmigración irregular arribada principalmente por las costas”, afirma el informe. Al mismo tiempo considera que debe abordarse “con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamientos en España”.

Según el Defensor del Pueblo, es recuente la utilización de la detención como única medida cuando las personas llegan a las costas del Estado español. Añade que no se han desarrollado “otras alternativas que garanticen una respuesta más humanitaria a esas personas, tras haber sido rescatadas del mar en condiciones muy precarias”.

Además de esto, el informe considera que los propios CIEs y los centros de detención primaria como comisarías o centros de primera acogida y detención, presentan “importantes deficiencias que los convierten en espacios no idóneos para la recepción y primera acogida de personas que han sido rescatadas de la mar”. Afirma que es frecuente la “sobresaturación de las celdas” y en una descripción de lo que pudo constatarse en el centro de Algeciras, el informe apunta que “los detenidos” dormían y descansaba “en el suelo durante su permanencia en las celdas, ya que los poyetes existentes al efecto eran insuficientes para contenerlos”.

A todo ello hay que sumar “las denuncias de tortura y malos tratos con ocasión de la privación de libertad”. Según el Defensor del Pueblo de todas las más de 130 denuncias solo cuatro supusieron “la apertura de expediente disciplinario”.

Para terminar, el informe considera que las comisarias tienen fuertes carencias en lo relativo a la videovigilancia necesaria para prevenir los “malos tratos e lugares de privación de libertad”. Se refiere a cámaras que en algunos casos como en el de Gobierno Vasco, no se instalan alegando falta de presupuesto.

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