Doña Juana, el mayor vertedero de Colombia

La mala gestión de su manejo provocó sendos derrumbes de basuras que inundaron el río Tunjuelo en 1997 y 2015, provocando unas de las mayores catástrofes medioambientales de este tipo. En los barrios de Mochuelo Alto y Bajo se encuentran afectadas unas 800 familias con la ampliación del vertedero y divididos ante la decisión de vender sus terrenos o ser expropiados.

Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza (CSIZ)

Doña Juana es el nombre del mayor vertedero de Colombia, se asienta sobre las localidades de Usme y Ciudad Bolivar. Después de más de 30 años de funcionamiento lo que tendría que ser un relleno sanitario controlado es un botadero al aire libre que ocupa 592 hectáreas de superficie y que diariamente recibe 6.800 toneladas de basura de 10 millones de personas en 700 camiones que entran en sus instalaciones. La mala gestión de su manejo provocó sendos derrumbes de basuras que inundaron el río Tunjuelo en 1997 y 2015, provocando unas de las mayores catástrofes medioambientales de este tipo.

La mañana del sábado 11 de agosto, los integrantes de la Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos de Centro Oriente de Colombia nos dirigimos a Mochuelo Alto, en las proximidades del botadero. En las puertas de los negocios y viviendas y en las cercas del ganado grandes cintas amarillas corridas se despliegan para atrapar moscas. El frío de esta mañana hace que el olor fétido y la presencia de moscas no sea tan intenso como el que los vecinos sufren habitualmente.

Una recepción de líderes comunales y vecinos a los integrantes de la Caravana servirá para recordar los problemas que supone vivir junto al vertedero y las nuevas amenazas que se presentan.

Óscar Barón, de Asamblea Sur, nos cuenta la historia del vertedero. Barón relata que los primeros basureros de Bogotá datan del SXVII y que las normas establecían que los residuos debían de estar lejos: “Donde el sucio, los sin alma”. Así, los primeros basureros como el de San Victorino data de 1640-1660 y fue ubicado donde se encontraban indígenas y campesinos. Aunque el vertedero presenta una situación insostenible, el alcalde Peñalosa ha ampliado la duración del vertedero hasta 2070 y su extensión en 500-600 hectáreas. Barón recuerda que esta forma de proceder es la continuación de las prácticas de eliminación física llevadas a cabo desde hace 524 años para arrasar con las diferencias culturales, ahora donde están los pobres, los excluidos y sobre zonas de producción de agua, oxígeno y comida.

Una de las mayores preocupaciones que despierta la ampliación es que el vertedero se encuentra situado en una zona de producción agropecuaria próxima al paramo de Sumapaz, el más grande del mundo y una de las fuentes de agua más importantes de Colombia.

Entre las quejas que se repiten se encuentra la ausencia de estudios rigurosos sobre el impacto ambiental negativo que genera el relleno para Bogotá: “Nadie quiere hacer estudios, ni la secretaría de Salud, ni de la Corporación Autónoma Regional, autoridad ambiental, ni tampoco las Universidades”. Sin embargo, la presencia de moscas, insectos, ratas, enfermedades cutáneas y un olor fétido que lo invade todo son muestras contundentes de sus efectos. El relleno de basuras acabó con 8 lagunas y 500 hectáreas de alta producción agrícola. El lixiliado, aguas sucias que producen los residuos, van al río Tunjuelo y de este al río Bogotá.

Elsi, una campesina vecina del lugar, se lamenta: “Nosotros producimos toneladas de comida para Bogotá y ellos nos mandan toneladas de basura para acá”. Recuerda que inicialmente el vertedero era muy pequeño y desmitifica las afirmaciones de que son los vecinos afectados los que llegaron después del vertedero. En la actualidad, no aguantan el olor y tienen que encerrarse para comer, incluso debajo de una cobija (manta) por las moscas. Las afecciones a la agricultura y ganadería les obliga a fumigar para  sostener la producción y el ganado cae enfermo.

Los vecinos insisten en la necesidad de un sistema de reciclado efectivo para reducir los residuos, ante la ausencia de políticas públicas encaminadas a tal fin, y que son los recolectores de basura informales los que más contribuyen al reciclado de la ciudad, aunque se encuentren estigmatizados socialmente como lumpen y que la mayor parte del producto de su trabajo se lo apropien intermediarios. Reclaman estudios y acciones alternativas para la obtención de energía eléctrica y abonos de los residuos y que parte de las ganancias del vertedero se reinviertan en el área afectada para paliar los daños que produce.

Este verano se ha conocido la noticia de que el grupo francés SUEZ se encargará de operar Doña Juana. La preocupación es que, bajo la excusa de reorganizar el vertedero y su ampliación, la intención oculta de esta gigantesca multinacional del agua sea apropiarse de las aguas que nacen del páramo de Sumapaz para su comercialización.

La indignación de la población ha dado lugar a las movilizaciones populares contra los proyectos de ampliación. La mayor protesta fue el Paro Cívico, convocado por las localidades del Sur y la Sabana de Bogotá, el 27 de septiembre de 2017, fecha en la que se cumplió 20 años del primer gran derrumbe y en el que se organizaron marchas desde los diferentes barrios que terminaron concentrándose en las puertas de Doña Juana. La respuesta a la convocatoria fue la militarización del barrio con la excusa de ofrecer seguridad y la represión de las movilizaciones, enviando a la temida ESMAD (policía antidisturbios) y refuerzos de otras áreas, en lugar de la concertación con los afectados.

En los barrios de Mochuelo Alto y Bajo se encuentran afectadas unas 800 familias con la ampliación del vertedero y divididos ante la decisión de vender sus terrenos o ser expropiados. Nos cuentan que en los últimos tiempos el Ayuntamiento paraliza la construcción de obras o hace inspecciones a los negocios con la intención de rebajar la resistencia de quienes se oponen a la transmisión de sus terrenos.

Una mayoría de los afectados por la ampliación se resiste a claudicar. La movilización popular en las calles, la utilización de los recursos legales contra la expropiación o la organización de una consulta popular son sus recursos en una batalla contra el tiempo y contra las decisiones del actual alcalde Peñalosa, cuyo mandato expira en 2019. En agosto de 2017, Peñalosa se calzó las botas de caucho ante la prensa en una visita al vertedero en el que se encontraban 60 fumigadores y declaró que con esas actuaciones “esperan solucionar a la mayor brevedad el problema de las moscas”  y recalcó que “en esto hay una responsabilidad técnica del operador”.

Este mes de agosto, el ya expresidente Santos, unos días antes de cesar en el cargo, anunciaba la culminación de la polémica delimitación de casi todos los páramos de Colombia, entre ellos el de Sumapaz, en éste se incluye de manera inaudita los terrenos de la futura ampliación dentro del mismo, y también se ha conocido que una multinacional se hará con la gestión de Doña Juana en lo que parece una apuesta de futuro por controlar la mayor fábrica de agua de Colombia. La desigual lucha de los vecinos de Mochuelo Alto y Bajo con los políticos y multinacionales que vienen y van continúa porque para ellos la defensa del derecho a una vida digna y a la permanencia en el territorio es a la vez una opción y una necesidad.

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