Un buen número de personas han acudido a las concentraciones en Zaragoza, Uesca y Teruel convocadas por los sindicatos CCOO, CGT y UGT y la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores, en recuerdo de Belén, la trabajadora asesinada en un centro de protección y reforma en Extremadura. En ellas se ha expresado el “más enérgico rechazo y consternación por el trágico suceso ocurrido en la madrugada del lunes”, al mismo tiempo que se brindaba “todo el apoyo y solidaridad a la familia y a los compañeros y compañeras” de la víctima.
La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores ha condenado “el asesinato de una compañera del sector de protección y reforma de menores en su puesto de trabajo”.
En Zaragoza fue este pasado miércoles, 12 de marzo, a las 12:00 ante la sede el IASS, en la calle Supervía. En Uesca y Teruel han sido este mismo jueves 13, también a las 12:00, en la puerta del IASS de la calle Joaquín Costa en Uesca, y en Teruel en la puerta de la sede de la Delegación del Gobierno de Aragón, ubicada en la calle San Francisco.
“Negligencia administrativa y condiciones laborales precarias”
“El asesinato de una educadora en un piso destinado a menores con medidas judiciales en régimen semiabierto por la Junta de Extremadura, en Badajoz, pone en evidencia las graves deficiencias del sistema de protección juvenil y las políticas de licitación que priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y de las y los menores. La trabajadora falleció tras sufrir una agresión violenta por parte de tres menores tutelados con medidas judiciales, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche”, han recalcado desde los sindicatos convocantes.
A juicio de estas centrales sindicales “el suceso revela un patrón de desatención sistemática. Debido a las exigencias de las licitaciones públicas ‘a la baja’, impulsadas por la administración, los centros operan con plantillas mínimas, recursos insuficientes y protocolos de seguridad obsoletos. La trabajadora estaba sola porque no se presupuesta lo suficiente para contratar a más personal, contraviniendo las recomendaciones que se vienen realizando desde hace años, e incumpliendo claramente lo regulado en la Ley de responsabilidad jurídica del menor y en la Ley de Protección jurídica del menor, así como la Ley de prevención de riesgos laborales”.
“Los recortes en este sector son la tónica habitual y es en situaciones como esta cuando se manifiesta la fragilidad del sistema, dejando en evidencia que la administración prioriza el lucro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras”, han enfatizado.
“Esta tragedia no es un accidente”
Desde CCOO, CGT y UGT aseguran que “la tragedia es el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal. Los datos respaldan esta afirmación, ya que en los últimos cinco años una parte muy importante de las licitaciones que se acaban adjudicando no permiten cumplir con lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector ni en la normativa de prevención y protección de las personas trabajadoras, adjudicándose a empresas que presentan ofertas económicas temerarias. Estas condiciones derivan, por ejemplo, en ratios persona trabajadora/menores que impiden manejar situaciones de alta complejidad”.
Por todo ello, exigen “que se investiguen no solo las circunstancias de la agresión mortal, sino también las posibles irregularidades en la adjudicación del servicio y la supervisión del centro”. Asimismo, se ponen “a disposición de la familia de la víctima para asesorarla en todo aquello que necesite”.
Además, reclaman “una vez más, auditorías inmediatas en todos los centros de menores del Estado para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente”, y la “reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales dignas”, así como “protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, y un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que son asignados en régimen semiabierto”.
“Ante los indicios de que se han cometido irregularidades, exigimos que se depuren responsabilidades administrativas para que las personas que se han comportado de manera negligente en el ejercicio de sus funciones no queden impunes”, los sindicatos “no quieren excusas”, quieren “trabajo digno y seguro para las personas trabajadoras del sector, y ello no es posible cuando las condiciones precarias nos llevan a la muerte”.
En memoria de Belén
Durante la concentración en Zaragoza se leyó un manifiesto en el que se expresaba que “el trágico asesinato de nuestra compañera Belén en un piso tutelado de Badajoz a manos de tres menores, ha puesto de manifiesto la alarmante precariedad laboral que enfrenta nuestro sector. Este trágico crimen no es un hecho aislado, sino el reflejo de unas condiciones laborales deficientes que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a los menores atendidos”.
Continuaron recordando que “las plantillas de centros de menores y pisos tutelados llevamos tiempo denunciando la falta de medidas de seguridad adecuadas, la insuficiencia de personal y la sobrecarga de trabajo, además de, en algunos casos, de sobreocupación. Muchos profesionales se ven obligados a trabajar solos durante turnos nocturnos, sin la presencia de personal de seguridad ni sistemas de vigilancia, lo que incrementa su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es prioritario erradicar estos turnos y que desde ya se dote a todos los recursos que viven esta realidad de al menos dos educadores trabajando conjuntamente. Además, hay que exigir la presencia de seguridad en estos pisos. Y sí, todo esto supone cálculo de dinero, pero si se hubiera hecho antes no estaríamos aquí recordando a Belén ni calculando cuántos compañeros han pensado esta noche en ella mientras comenzaban su turno a solas”, enfatizaban con dolor.
“La externalización de servicios y la contratación precaria debilitan la protección tanto de los trabajadores como de los niños, niñas y adolescentes que son responsabilidad de la administración. Hay que recordar que son sus menores, su responsabilidad, y que establecen unos pliegos miserables, siempre a mínimos que llevan precarizando el sector y la calidad de la intervención durante años”, recalcaban a las puertas del IASS en Zaragoza.
En la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores “estamos más unidos que nunca, y hemos logrado sentar a la patronal para negociar este convenio. Somos ambiciosos y queremos mejoras imprescindibles para el sector, pero desde la administración siempre recibimos el ‘no hay dinero’ y desde la patronal el ‘tiene que haber dinero desde la administración’, abocando al sector a un Convenio Estatal insuficiente que provoca más y más precariedad, concursos y conciertos siempre a mínimos, y episodios de violencia extrema como los que sufrimos a diario. Pedimos a los responsables de la administración y de las patronales que se olviden de las fotos y cuiden a los que se hacen cargo de su responsabilidad con sus menores. Exigimos un Convenio Aragonés digno”.
“Que nadie tenga que pasar miedo en su puesto de trabajo”
“En este sector hay muchos perfiles profesionales en las plantillas, nos acordamos de todos. Los equipos se enfrentan a estrés y frustración profesional, y somos víctimas de agresiones verbales y físicas. Y cuando vamos a las mutuas para que nos atiendan por estos incidentes nos mandan a casa con un ansiolítico y a trabajar. Exigimos que se reevalúen los planes de prevención de riesgos laborales de cada centro y que se reconozcan como enfermedades laborales del sector el estrés, la ansiedad, la sobrecarga de trabajo, etc. Exigimos que nadie tenga que pasar miedo en su puesto de trabajo”, recalcaban.
“Es imperativo que las administraciones públicas y las entidades gestoras de estos servicios tomen medidas inmediatas para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras. Esto incluye la revisión en cada contrato/concierto de las ratios de personal, la implementación de medidas de seguridad efectivas, la mejora de las condiciones salariales, y la provisión de recursos adecuados para la atención de menores con perfiles complejos. Solo a través de un compromiso firme y decidido con la dignificación de la labor de estos equipos de profesionales se podrá evitar que tragedias como la de nuestra compañera Belén se repitan en el futuro”, concluían con dolor y tristeza su lectura de manifiesto desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores.
