Paralizado el primer desahucio en Zaragoza tras el fin del estado de alarma

Más de 150 personas han acudido a la llamada de Stop Desahucios para paralizar el desahucio de Esperanza y sus 3 hijos, menores, uno de ellos con discapacidad, en un piso del barrio de Torrero de Zaragoza.

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Esperanza celebra la paralización del desahucio, arropada por decenas de personas. Foto: @AnoroVargas (AraInfo)

Eran las 9.00 horas cuando empezaban a aflorar los nervios entorno al número 18 de la calle Orense del barrio de Torrero de Zaragoza, y las tensiones sobre qué iba a pasar tras el primer desahucio anunciado después del estado de alarma decretado a causa del COVID-19, iban en aumento.

“Me ha dado fuerzas ver a tanta gente que se ha acercado esta mañana para apoyarme, porque además conozco a la gran mayoría y me siento muy respaldada”, comentaba Esperanza emocionada, la afectada por la Resolución Judicial decretada.

Unas 150 personas, mascarillas incluidas, salían a la calle a pesar de las últimas inconveniencias surgidas por la reciente pandemia que nos asola y, con todas las consecuencias sociales que ello conlleva, gritaban una vez más “sí se puede” o “este desahucio lo vamos a parar”.

Por otra parte, la plataforma social Stop Desahucios Zaragoza ha estado muy presente, proporcionando un apoyo incondicional, en este caso a Esperanza. “Acudí el martes y hoy les tengo aquí”, y añadía, “las instituciones aragonesas tanto la DGA, como Zaragoza Vivienda, en ambas me dijeron que no re-ubicaban a nadie, cuando yo tengo un número bueno para re-ubicar porque yo llevo desde el 2016 apuntada en Zaragoza vivienda”.

Como muchos vecinos y muchas vecinas con pocos recursos (en muchos casos el exiguo IAI), Esperanza no puede conseguir un contrato de alquiler. Casi nadie alquila viviendas sin garantías a las familias que dependen de prestaciones, tampoco sin contratos de trabajo o sin unos ingresos mínimos mensuales. Si además le sumamos los prejuicios raciales, Esperanza es gitana, podemos hablar claramente de exclusión residencial.

“En su día, desde la DGA se nos dijo que si era ocupación no querían saber nada, que no re-ubicaban a nadie porque en la DGA no están re-ubicando a nadie si es ocupación. Desde Servicios Sociales he de decir que sí están apoyándome muchísimo porque de hecho, me dijeron que ellos me pagaban la entrada a una vivienda; el problema es que no puedo alquilar vivienda porque con un IAI es muy complicado ya que, te piden contrato y nómina, entonces es muy complicado alquilar. La única opción que me están dando es ir un mes a una pensión, pero de momento me voy a quedar en la casa de una amiga porque mis hijos en una pensión pues no es plan”,explicaba la damnificada.

Esperanza vive desde de hace años con sus tres hijos menores de edad (uno con diversidad funcional) en un piso ocupado propiedad de la SAREB (la sociedad estatal conocida como “banco malo”). Esperanza es además una superviviente de la violencia machista, que con mucho esfuerzo (y no sin dificultades) intenta sacar adelante a su familia. Finalmente, el juzgado ha atendido la demanda de SAREB y han ordenado el desahucio de la vivienda.

Desde la plataforma Stop Desahucios denuncian que “no nos consta el estudio de vulnerabilidad de la familia, ni intervención alguna por parte del Gobierno de Aragón (departamento de vivienda/IASS). Una vez más, las familias, las plataformas y el tejido social tendrán que hacer frente a normas injustas que permiten la vulneración de los derechos humanos”.

Este miércoles desde su página web lanzaron un llamamiento a la ciudadanía convocando y animando a las gentes a que se solidaricen y así poder de esta manera “visualizar la necesidad imperiosa de una moratoria efectiva de desahucios”. En tan sólo dos días la respuesta ha sido muy bien recibida por la ciudadanía comprometida, y Pablo Híjar, portavoz de Stop Desahucios Zaragoza, ha remarcado enérgicamente la importancia de “el impacto social que les podría suponer una intervención policial aquí violenta”.

A las 11.00 horas llegaban las alentadoras noticias y el desahucio quedaba paralizado. Stop Desahucios Zaragoza explicaba a los y las vecinas que se habían congregado entorno a esta propuesta, la decisión de la Comisión Judicial y la policía sobre el desalojo, y por qué “han decidido no realizarla”.

“Lo digo porque esto no ha sido producto de grandes negociadores; la vía judicial la teníamos agotada. La abogada hizo todo lo que ha podido y somos conscientes de que ha sido en una buena representación. Pero esto estaba perdido. Si esto se ha ganado ha sido por vosotras y por vosotros”, subrayaba el portavoz de Stop Desahucios, Pablo Híjar.

“¿Porqué decimos esto? Porque en las asambleas tenemos decenas de familias en la misma situación que Esperanza, entre otros, grupos de refugiados sirios, más de diez familias refugiadas sirias que les han dejado tirados después de los dos años que había de ayudas del programa (…) Lo que hemos hecho hoy, yo creo que es un mensaje potente; hemos parado el primer desahucio que hemos peleado en Zaragoza después del COVID-19 y el mensaje que les lanzamos a los juzgados de esta ciudad es de que no van a hacer un desahucio pacífico en ningún momento con familias que estén organizadas, y también lanzamos un mensaje potente a la Delegación del Gobierno de que aquí, si se quiere desahuciar se van a tener que emplear a fondo”, concluía.

 

 

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