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A un paso de consumarse el golpe institucional contra Rousseff

El Senado brasileño votaba este lunes, en plenos Juegos Olímpicos, a favor de la destitución de la presidenta, que todavía tendrá una última oportunidad el próximo 25 de agosto, en una nueva votación que podría devolverle el poder
| 10 agosto, 2016 17.08
A un paso de consumarse el golpe institucional contra Rousseff
Manifestación contra Temer el pasado 31 de julio en Belo Horizonte. Foto: Maxwell Vilela.

El Senado brasileño daba el penúltimo paso hacia la destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff, al aceptar, por 59 votos contra 21, la acusación contra el ejecutivo por irregularidades fiscales cometidas en el presupuesto 2015.

La larguísima sesión, que sobrepasó las 16 horas, enfrentó a los defensores del impeachment con los de Rousseff, mientras que en las grandes ciudades de Brasil se realizaban manifestaciones reclamando la salida de Michel Temer, al que acusan de golpista, del gobierno.

Tras la decisión del Senado Rousseff dispondrá de una última oportunidad para evitar ser destituida, pues el documento votado este miércoles deberá ser sometido a una nueva y última sesión del pleno del Senado, que presumiblemente será celebrada a finales de este mes de agosto.

Para que el juicio político contra la actual presidenta brasileña sea finalmente aprobado, se requerirán dos tercios de los votos (54 de 81) de los senadores, cifra que ya ha sido superada en esta votación. En caso de perder el mandato, Rousseff quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años, y Temer quedaría como presidente hasta el final de la legislatura en 2019.

Apoyos para Dilma Rousseff dentro y fuera del senado

El informe elaborado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado de Temer, acusa a la mandataria brasileña de violación de las leyes fiscales del país, manipulación de las finanzas públicas para beneficiar su reelección en 2014 e implicación en actos de corrupción en la Petrobras.

El 4 de agosto las organizaciones que integran el Frente Brasil Popular, afirmaban que «la destitución de Rousseff no tiene fundamento legal, es un golpe, planeado y llevado a cabo, incluso para detener las investigaciones que alcanzarían los propios estafadores», advirtiendo que no se trataba solo de un golpe de estado contra una presidenta elegida legítimamente sino que lo era también “contra los millones de votos que se van a revocar, en contra de la Constitución».

En este sentido, declaraban algunos de los senadores que votaron en contra del impeachment. Katia Abreu, que durante mucho tiempo dirigió la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) y fue dirigente del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), al que pertenecen el mandatario interino Temer y su equipo gobernante, fue contundente: “las acusaciones no tienen base que las sustenten. No hay delito sino prácticas normales en todos los gobiernos, incluidos todos los anteriores al de Dilma”, y añadía que Rousseff ha sido “víctima del terrorismo económico, con un Congreso que boicoteaba las medidas planteadas. Para esos legisladores, no importa que el país se rompa en pedazos, desde que estos pedazos estén en manos de ellos”.

El senador Telmario Mota, del Partido Demócrata Laborista (PDT) señalaba que el impeachment “es un proceso viciado desde el origen”, aseverando que la acción emprendida por una mayoría de congresistas es ni más ni menos que “una conspiración”.

Desde las filas de Rousseff, Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), afirmaba que «este es uno de los días más tristes de la historia porque se está consagrando un golpe de las oligarquías que no aceptaron la derrota electoral» y advirtió que si Temer es confirmado en la presidencia tendrá inmunidad para no ser investigado por su relación con Odebrecht, el caso de corrupción que salpica a 35 de los senadores que votaron a favor del impeachment.

El país en manos de las multinacionales gracias a Temer

Con toda seguridad el presidente interino Michel Temer no imaginaba que iba a ser abucheado con la claridad que lo fue durante la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos en el Maracaná, pero el “Fora Temer” pudo oírse desde fuera del estadio.

Las protestas contra Temer comenzaron el pasado mes de mayo, con una gran marcha en Río de Janeiro, contra el proceso de impeachment, pero también contra un mandatario, que lo es fruto de lo que muchos en Sudamérica consideran un golpe de estado, que pretende aplicar una agenda neoliberal que probablemente despoje de muchas de sus riquezas a Brasil.

La agenda Temer, incluye aumentar la participación extranjera en los recursos energéticos de Brasil, algo que, según él, «comenzará flexibilizando la legislación sobre el modelo productivo del presal», algo que ya ha hecho frotarse las manos a más de uno en los despachos de las grandes multinacionales energéticas.

Por otro lado, planea la liberalización de la venta de tierras a personas extranjeras, algo que en no está permitido desde que el gobierno Rousseff modificara una ley de 1971 para «disuadir» a Estados que quisieran garantizar su seguridad alimentaria a través de la compra de tierras en el extranjero vía empresas o fondos de inversiones. En realidad la ley vigilaba de cerca a China, que ya había comprado grandes extensiones de tierras en África. Una protección con la que está dispuesto a acabar el interino ministro de Agricultura Blairo Maggi, apodado “el rey de la soja”.

Pero estas decisiones neoliberales, con las que Temer busca adelgazar el Estado, con la venta al sector privado de algunos de sus bienes, vendrán también acompañadas de muchísima presión sobre el pueblo brasileño sobre el que ya pesa la amenaza de la reforma de las pensiones, la aplicación de medidas centradas en reducir considerablemente el gasto social y la eliminación de los derechos de los y las trabajadoras para beneficiar al sector empresarial, brasileño o extranjero.

Sin embargo, y pese a las protestas en las calles, Temer parece tener el apoyo en el senado que podría confirmar, el próximo día 25 de agosto, el impeachment contra Dilma Rousseff y su inhabilitación para ocho años. De ratificarse el rechazo a la presidenta, la resaca económica que suele acompañar a los Juegos Olímpicos podría ser de tremenda crueldad con el pueblo brasileño.

10 agosto, 2016

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