El sistema MIR español de formación para especialidades médicas es una extrapolación del modelo norteamericano de “aprender trabajando”. En 1963, el Hospital General de Asturias (Oviedo), a iniciativa de Carles Soler Durall y de Fernando Alonso-Lej de las Casas, y un año después el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Majadahonda, Madrid), gracias a José María Segovia de Arana, fueron los primeros centros sanitarios en organizar sistemas MIR en España. Se generalizó en 1972 y se consolidó en 1984 como única vía legal de especialización (RD 127/1984). Posteriores reales decretos han regulado las condiciones laborales de los especialistas en formación (RD 1146/2006), así como las figuras del tutor y del jefe de estudios y las comisiones de docencia o los procedimientos de evaluación (RD 123/2008). Durante esos años las comunidades autónomas (CC. AA.) toman protagonismo en la formación MIR (según Lozano-Sánchez, may/jun 2022).
La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) en España se crea en 1978, con el RD 2015/1978.
En 1993 otro RD 853/1993, conforme a lo previsto en el artículo 7.1 de la Directiva 86/457/CEE, establece la obligatoriedad de tener el título MIR a partir del día 1 de enero de 1995 para desempeñar plazas de Médico de Medicina General en centros o servicios sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud.
En 1998 el RD 1753/1998 sobre acceso excepcional al título de Médico Especialista en MFyC y sobre el ejercicio de la Medicina de Familia en el Sistema Nacional de Salud en su artículo 4 punto 2 “Requisitos para el desempeño de plazas de Medicina de Familia en el Sistema Nacional de Salud” establece que “Para desempeñar las plazas de Medicina de Familia en centros o servicios, propios, integrados o concertados, del Sistema Nacional de Salud será requisito imprescindible poseer el título de Médico Especialista en MFyC o la certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, indistintamente, sin que en ningún caso puedan establecerse preferencias derivadas del cumplimiento de uno u otro requisito”.
La implantación del sistema MIR de formación para los médicos de Atención Primaria supuso una ruptura de la concepción, sostenida hasta entonces, que situaba a los “médicos de cabecera” en un escalón inferior de la carrera profesional. Ser “médico de cabecera” exige de unos conocimientos y responsabilidades no menos importantes que las de la mayoría de las especialidades.
A partir de 1984 en España se consolida el sistema MIR de formación obligatoria para obtener plaza en todo el Sistema Nacional de Salud y en el año 1998 su obligatoriedad se extiende a la Medicina de Atención Primaria con la titulación en MFyC.
Todo este desarrollo supone que en España se establece una sólida formación para todos los facultativos del sistema sanitario público ofreciendo un ejercicio de la medicina con una calidad básica elevada y homogénea para todo el territorio.
El día 16 de octubre leí en Heraldo de Aragón que en nuestra Comunidad hay 113 médicos (aunque en el mismo artículo se dice que son 152 de ellos 109 en Atención Primaria) contratados por el Servicio Aragonés de la Salud (SAS) sin tener el título MIR (Decreto Ley 2/2025, de 11 de junio), lo que me produjo estupor y alarma.
El Consejero de Sanidad ha justificado esta decisión esgrimiendo que “no estamos en situaciones normales, dado el déficit de profesionales que existe en todo el país, más acuciante en el medio rural y en algunos hospitales periféricos” y que se ha recurrido al RD-ley 30/2021 para darle soporte jurídico. Pero todo ello es notoriamente incorrecto e incluso falso.
Este RD-ley se hizo, exclusivamente, para adoptar “medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19” lo que lo hace inaplicable para el caso que nos ocupa.
Sobre el supuesto déficit de profesionales hay mucho escrito en este país desde hace bastantes años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus tablas estadísticas del año 2025 publica el número de médicos por 10.000 habitantes de 190 países; España ocupa el lugar 25 con 42,94 médicos en ejercicio estando por encima de países como Italia, Holanda, Irlanda, Israel, USA, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, China, Luxemburgo, México, Kuwait, Turquía…
Si bien es cierto que no se cubren las vacantes de determinadas localidades y/o especialidades no se debe a la falta de especialistas (salvo en algunas especialidades como Cirugía plástica, Cirugía pediátrica, Cirugía torácica, Cirugía cardiovascular, Análisis clínicos, Inmunología y farmacología clínica) sino a un cúmulo de factores entre los que podríamos mencionar salarios bajos, contratos temporales y exceso de carga de trabajo, fuga de profesionales a otros países con mejores condiciones, envejecimiento de la población que aumenta la demanda y, sobre todo, una mala gestión del sistema sanitario, especialmente en la atención primaria.
Según el Ministerio de Sanidad Aragón es la tercera CA (junto a Cantabria y Navarra) con más médicos por mil habitantes solo superadas por Asturias y Castilla y León.
Todo ello es bien conocido, desde hace años, por todas las personas que ostentan, o han ostentado, responsabilidades gestoras y políticas en la sanidad española y aragonesa como lo demuestra el propio preámbulo del Decreto Ley 2/2025 y las numerosas propuestas para el diagnóstico del problema y para resolver o paliar sus consecuencias que se han hecho en este país; recordamos los “Planes de Atención Primaria y Comunitaria de España y el de Aragón”, el “Documento Propuestas para la mejora de la AP de salud en la C A de Aragón” ratificado por la Mesa Sectorial de Sanidad en su reunión de 24 de febrero de 2023, por citar solo algunos en los que, además y para más escarnio, han participado y aprobado los propios gobiernos sanitarios de nuestra comunidad.
Pero aparte de crear comisiones y hacer documentos casi ninguna medida de las propuestas (probablemente ninguna de la de verdadera importancia) se han tomado durante estos años a pesar de las declaraciones grandilocuentes alertando de lo grave de la situación.
Y grave es porque, en lo tocante a esta decisión, nos retrotrae hasta el año 1998 despojando a una parte fundamental del sistema sanitario público, la MFyC, de la calidad que ofrece el sistema MIR. Si esta decisión (ilegal según la normativa actual) se da por buena ¿quién podrá impedir que en el futuro en Aragón se otorguen plazas en propiedad sin el título MIR a cirujanos plásticos, pediátricos, torácicos, cardiovasculares, análisis clínicos, inmunólogos o de farmacología clínica por el mismo motivo aducido ahora (la carencia de aspirantes)?
Y si la noticia me produjo asombro y alarma no menos me lo produce la falta de reacción y contestación de instituciones políticas, sindicales o profesionales a lo que, en mi parecer, es una degradación seria de nuestro sistema sanitario público y un antecedente que abre una espita peligrosísima.
Además esta decisión poco o nada resolverá del problema de las plazas de difícil cobertura; tan solo será un parche pequeño y pasajero. En el propio Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria de Aragón 2022-2023 se plantean objetivos tales como incrementar de forma progresiva el número de profesionales garantizando su disponibilidad y mejorando sus condiciones laborales, medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, creación de las vacantes necesarias y transformar contratos de interinidad en contratos de estabilidad; acuerdo en la comisión de recursos humanos del SNS para mejorar la flexibilización de horarios, organización y gestión; promoción de la contratación de larga duración al finalizar la residencia; impulso de la carrera profesional; adecuación de las necesidades de recursos humanos en base a la morbilidad atendida, los resultados en salud y las características sociodemográficas del área…y numerosísimos objetivos más (el plan ocupa 67 páginas) incluyendo financiación finalista para cumplir todos los objetivos. Y un tema que todos los documentos rehúyen y que es uno de los fallos en un pilar básico de nuestra sanidad, la falta de profesionalización de la gestión. Y, por supuesto, ni se menciona la posibilidad de contratar a nadie sin el título MIR de MFyC.
Si no se abordan todas las cuestiones planteadas en el Plan y se hace de forma rigurosa todo quedará en “agua de borrajas” y el problema se agrandará progresivamente con el consiguiente deterioro de la calidad de nuestro sistema sanitario público y la degradación del trabajo de nuestras médicas y médicos y, por tanto, de todas las profesiones sanitarias.
