Diario de Mallorca y Europa Press se querellarán contra el juez que ordenó la incautación de material en sus sedes de Balears

El periódico, que se negó a entregar ordenadores de la empresa, considera que la actuación judicial, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, vulnera el derecho al secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución. La agencia por su parte presentará querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional. Más de 650 periodistas de distintos medios han firmado un escrito en el que instan al CGPJ a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas.

Los servicios jurídicos de Diario de Mallorca preparan una querella criminal por la incautación el martes del teléfono móvil de uno de sus redactores en el marco de la investigación del caso Cursach, una actuación que el periódico califica en su editorial de este miércoles de "coacción intolerable".

La dirección del diario ha confirmado que los juristas de Prensa Ibérica, el grupo editor del periódico, están estudiando todos los aspectos de la intervención ordenada por el juez Miguel Florit, que además de la requisa del teléfono del periodista Kiko Mestre instaba a la entrega de sus ordenadores o cualquier otro soporte electrónico.

El periódico, que se negó a entregar esos equipos, considera que la actuación judicial apoyada por la Fiscalía Anticorrupción vulnera el derecho al secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, y por ello ejercerá acciones legales contra los responsables.

Europa Press también presentará este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la entrada de agentes de la Policía Nacional en la sede de su Delegación en Balears, en Palma de Mallorca, según ha informado la propia agencia de noticias en un comunicado.

Los agentes intervinieron el teléfono móvil de una periodista, ordenadores de la agencia y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.

En el caso de Europa Press, tres agentes de policía y una secretaria judicial se presentaron el pasado martes en la sede de la agencia en Balears y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach.

La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.

"Gravísimos hechos"

Según informa Europa Press, más de 650 periodistas de medios de comunicación de todos los territorios del Estado han firmado un escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que instan al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas que blinda la Constitución frente al "insólito e injustificado" ataque a la libertad de prensa acometido en las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en Balears.

Además, más de 200 periodistas de diferentes medios de comunicación entregaron este miércoles a la fiscal general del Estado, María José Segarra, una carta en la que denuncian las entradas y registros efectuados en los dos medios de comunicación de Balears. "Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna", explica el comunicado de las y los periodistas.

 

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