La legislación aragonesa en cuestión de vivienda no solo es exigua, sino que además evita enfrentarse a ampliar el parque público de vivienda, uno de los puntos fundamentales para regular el mercado inmobiliario y la única manera de garantizar el derecho a una vivienda digna a las familias más vulnerables, como aseguran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el 8M y el Sindicato de Inquilinas.
Aunque el derecho al acceso está garantizado por ley, la realidad es que no hay vivienda asequible ni pública, por lo que las administraciones encargadas de gestionar convierten un derecho en una carrera de obstáculos.
A este problema se enfrentan miles de personas cada día en Aragón, un ejemplo de ello es el caso de Blanca y su hija, que desde hace meses espera una solución habitacional y durante los cuales ha sufrido la “tortura emocional” de recibir la aprobación y la denegación de una vivienda pública.
Blanca firmó la dación en pago el pasado 12 de diciembre. Antes de la fecha se contactó con Zaragoza Vivienda solicitando vivienda social para ella, como suele ser habitual en los casos en los que se firma este acuerdo con el banco. Pero fue el 5 de diciembre cuando se reunieron con la concejala de vivienda, Carolina Andreu y el gerente de Zaragoza Vivienda, Nardo Torguet, donde se comprometió a buscar vivienda para Blanca con el fin de garantizar la alternativa habitacional para ella y para su hija menor, así como mostró su compromiso para coordinarse con servicios sociales para precisamente posibilitar el acceso a una vivienda.
Por parte de la PAH, facilitaron toda la documentación que se les exigió y desde las instituciones les aseguraron que en una semana se realizaría toda la gestión. “No obstante, nunca pudo producirse un acercamiento entre nosotros y él (o cualquier otro gestor del Ayuntamiento en quien delegara el caso), pese a nuestra insistencia: lo intentamos telefónicamente pero no se nos devolvieron las llamadas, lo intentamos vía email pero nunca se nos contestó a ninguno e incluso lo intentamos presencialmente en las oficinas aunque sin éxito ya que tampoco se nos atendió”, aseguran desde la PAH.
Tras más de un mes intentando contactar con Zaragoza Vivienda, fue una trabajadora social del Centro Municipal de Servicios Sociales de l'Almozara quien comunicó a la familia que la sociedad municipal se negaba a realojarla.
Al día siguiente Pilar Aguerri, Jefa del Área de Gestión Social y Alquileres de Zaragoza Vivienda, se puso en contacto con la familia y lo confirmó alegando que Blanca, debido a que cuenta con respaldo familiar y a la ausencia de ingresos, no puede ser realojada por el Ayuntamiento, transfiriendo la responsabilidad de realojo a la DGA.
Acto seguido, acudieron a su trabajadora social solicitando un informe que acreditara su incuestionable condición de persona (unidad de convivencia) en especial vulnerabilidad para que pudiera ser incluida en los programas de Vivienda Social, tal y como se recoge en la ORDEN PRE/211/2019. La trabajadora social se negó a emitir dicho informe que se redacta comúnmente en servicios sociales de base, asegurando que solo lo emitiría por orden judicial y, por ende, incumpliendo sus deberes como profesional recogidos por ley. “Ante ello, nos vimos obligadas a solicitárselo directamente al Ayuntamiento por registro mediante una instancia general, adjuntando también un modelo propio de solicitud del informe fundamentado en el derecho aragonés vigente”, aseguran desde la PAH.
Desde entonces ni Servicios Sociales, ni el Ayuntamiento de Zaragoza han asumido sus obligaciones y “quebrantan por sistema la normativa que ampara a las personas en vulnerabilidad y especial vulnerabilidad en lo referido a la garantía de una alternativa habitacional digna”, denuncian desde la PAH.
Este solo es el caso de Blanca que acudió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para luchar por una vivienda digna pero miles de personas siguen en la sombra luchando contra bancos, fondos buitre y otras empresas especuladoras y recibiendo el silencio de las instituciones que debería proteger una necesidad básica como es la vivienda.
“Entendemos que, si nuestros afectados sufren todo tipo de impedimentos para apuntarse en la lista de espera y/o tener un realojo después de un desahucio o una dación en pago, no podemos imaginarnos lo que les pasa a los afectados que lo intentan por su cuenta”, denuncian desde la PAH.
📢CONCENTRACIÓN FRENTE AL AYUNTAMIENTO📢
Jueves 13 a las 18:00h
Convocan: @InquilinasZ@8_mzgz@pahzaragoza
DGA pone la ley y Zaragoza Vivienda las trampas 👇 https://t.co/4iLNUlllMN
— 8MZGZ♀️ (@8_mzgz) February 6, 2020
