El Espacio Xplora de Ibercaja en Zaragoza, acogió este pasado lunes el primer encuentro del ciclo ‘DFA, 50 años hacia la inclusión’, con el que Fundación DFA ha inaugurado la programación especial de su 50.º aniversario que se extenderá durante todo 2026. La primera mesa reunió a expertas del ámbito técnico, jurídico y social para analizar uno de los grandes desafíos pendientes: el acceso a una vivienda verdaderamente accesible.
La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de DFA, Marta Valencia, y Darío Benito Bentué, responsable de Coordinación de Proyectos ASG de la Dirección de Área de Sostenibilidad y Reputación de Ibercaja Banco. En esta primera sesión, moderada por la periodista Ana Esteban, se contó con las intervenciones de Lucio de la Cruz, director gerente del Colegio de Aparejadores y Arquitectas Técnicas de Zaragoza, Teresa Navarro, jefa de servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Eloísa Gimeno, asesora del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Susana Sánchez, técnica de autonomía personal de COCEMFE Estatal, y Cristián Bascuñán, abogado de Fundación DFA.
Una realidad con cifras que hablan por sí solas
Según datos presentados por el Colegio de Aparejadoras, Zaragoza cuenta con más de 58.600 viviendas sin ascensor en edificios de tres o más plantas, y la mitad del parque residencial presenta graves carencias de accesibilidad.
También desde el Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón se señalaba que la legislación solo contempla como obligatorio que el 4% de la vivienda promovida por la administración pública sea accesible, y no existe ningún porcentaje exigido en la vivienda libre.
Desde las distintas perspectivas se coincidió además en que la accesibilidad no puede limitarse a la eliminación de barreras físicas, sino que debe entenderse como una condición para la vida independiente y la inclusión social.
Desde COCEMFE se defendió que es necesario cambiar el modelo hacia la desinstitucionalización, situando a la persona en el centro, con viviendas accesibles complementadas por apoyos personales, tecnología y servicios de proximidad. “La accesibilidad debería valorarse igual que la eficiencia energética o la seguridad”, señalaba Susana Sánchez.
Por su parte, Eloísa Gimeno recordaba que la Ley de Propiedad Horizontal ya contempla la obligatoriedad de instalar ascensor cuando lo solicite un propietario mayor de 70 años o con discapacidad, con mayoría simple y un límite de 12 cuotas mensuales. Sin embargo, considera necesaria todavía una mayor concienciación vecinal y recomienda la máxima claridad a la hora de plantearse las soluciones que se requiere en cada caso, para que no se impugnen las actas y se agilicen los procesos.
En ese sentido, Cristián Bascuñán insistía en la necesidad de entender la accesibilidad como un derecho universal y no como una concesión. “Hay personas que hoy viven literalmente atrapadas en sus casas. La accesibilidad debería ser una obligación solidaria del derecho de propiedad”, subrayaba.
Hacia un nuevo modelo de vivienda
Teresa Navarro apuntaba que “hace falta una revolución en el modelo de vivienda”, y especificaba que “los espacios tienen que ser fácilmente adaptables a lo largo de la vida. Todo empieza por la legislación, pero debe aplicarse con visión de futuro”.
También desde el ámbito técnico, Lucio de la Cruz defendió la incorporación de la accesibilidad “por defecto en la obra nueva y la rehabilitación”, así como una armonización legislativa más clara y sencilla que facilite la aplicación práctica del Código Técnico de la Edificación.
El encuentro concluía con una llamada unánime a la colaboración entre administraciones, profesionales, comunidades y ciudadanía, para garantizar que el derecho a la vivienda accesible deje de ser una excepción.
Hubo también consenso sobre la necesidad de mejorar la sensibilización desde la infancia, así como ampliar las ayudas y promover desgravaciones y exenciones fiscales. Además, la formación técnica y social se consideran claves para acelerar el cambio.
