Detenido Alfonso Grau, exnúmero dos de Barberá, por un presunto delito continuado de cohecho

Fuentes de la investigación precisan que este arresto no guarda relación con la denominada 'operación Taula' en la que se investigan operaciones de blanqueo llevadas a cabo por el PP valenciano

El exvicealcalde de València y exnúmero dos de Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido detenido este lunes por la Guardia Civil acusado de un presunto delito continuado de cohecho, según han informado fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes precisan que el arresto del político valenciano no guarda relación con la denominada 'operación Taula' en la que se investigan operaciones de blanqueo llevadas a cabo por el PP valenciano.

Junto a Grau ha sido arrestado un empresario y se ha procedido a registrar la sede de una joyería y la empresa Viajes Tranvias Tours en València.

Su detención coincide con el día en el que concluyen las declaraciones de los 49 investigados por el supuesto blanqueo del PP de València, descubierto a raíz del caso Imelsa, por un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos en varias administraciones dirigidas por el PP.

A falta de la declaración de un asesor este lunes, cuya citación fue aplazada porque su abogado debía participar en las sesiones del caso Nóos en Palma de Mallorca, la ronda de declaraciones de los 49 investigados por blanqueo, 17 de ellos concejales o exconcejales, ha concluido.

Este caso ha supuesto la práctica disolución de la organización del PP en la ciudad, tras la suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz, Alfonso Novo, y el nombramiento, el pasado viernes, del diputado y exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora.

De las escuchas, registros y testimonios recabados durante meses en la investigación del conocido como caso Imelsa se han destapado al menos otras dos ramificaciones al margen de este supuesto caso de blanqueo.

En total son más de 80 los investigados entre políticos, asesores y empresarios por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, contenidos en un sumario que seguirá siendo secreto al menos hasta el 14 de marzo.

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