El 29 de Enero del 2016, en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Norte América, Stephane Dion anunció que Canadá eliminaría la visa a México, que fuera impuesta en 2009 por Stephen Harper, quien era en ese entonces Primer Ministro canadiense.
La imposición de esa visa, sería complementada cuatro años más tarde con la decisión del gobierno canadiense de considerar a México un "país seguro", lo que impedía la solicitud de asilo por parte de los ciudadanos mexicanos en Canadá, pese a la violencia que pudieran sufrir en su país.
De acuerdo con anuncio de eliminar la visa, realizado durante la pasada cumbre del G-20, tanto por el presidente mexicano Peña Nieto, como por el primer ministro canadiense Trudeau, el objetivo sería eliminar cualquier obstáculo a la movilidad académica. De la misma manera destacaron el tema Político-Militar y los Mecanismos de consultas sobre temas y tradiciones en seguridad.
Sin embargo, seis meses después, la visa se antoja una promesa de campaña electoral, como lo fue aumentar la cantidad de aceptaciones en las Aplicaciones de Recursos Humanitarios y Compasión así como en las de Reunificación familiar.
En territorio canadiense hay miles de "familias mexicanas sin papeles" que no tienen derecho a servicios sociales como el servició de salud, educación básica para sus hijas e hijos, guarderías, o seguro de desempleo (Chômage). Cerca de cien mil mexicanos residen en la actualidad en Canadá, con o sin papeles.
Estos ciudadanos mexicanos, carentes de permiso, están obligados a pagar impuestos como cualquier ciudadano canadiense; la mayoría se ven obligados a trabajar jornadas de doce horas, con salarios por debajo del mínimo para poder sobrevivir, ya que no cuentan ni siquiera con un permiso de trabajo.
Muchas de estas familias tienen problemas de depresión y ansiedad entre otras enfermedades, debido a que vienen huyendo de la violencia del país de origen y aquí se vienen a encontrar con condiciones sociales muy adversas provocadas por políticas migratorias que terminan siendo raciales y segregación.
Existen casos particulares documentados de violaciones a los Derechos Humanos; como el de la Sra. Norma Guzmán que fue detenida con su hija de 2 años en su casa. Los Agentes de Migración irrumpieron en su hogar por la ventana para llevarla al Centro de Detenciones y después deportarla. Otro caso fue el del adolescente Daniel, de 17 años. Fue arrestado por la Policía en su ex-escuela cuando visitaba a sus ex-compañeros. Fue llevado al Centro de Detenciones y después deportado sin acompañamiento.
La mayoría de estas familias están obligadas a quedar en el país bajo condiciones deplorables ya que en México desde hace 10 años se ha intensificado y generalizado la violencia en todo su Territorio. En la actualidad el país vive una de sus peores crisis de Derechos Humanos, sufriendo desde asesinatos de periodistas y activistas, feminicidios, encarcelamientos sin sustento jurídico y desapariciones forzadas, hasta desplazamientos de pueblos enteros.
El Estado, lejos de combatir al crimen organizado y hacer justicia, se hace cómplice del caos y el desorden social, donde la impunidad y la corrupción, aumentan día a día entre las autoridades del Estado. Un caso concreto de lo anteriormente descrito, es bien conocido a nivel nacional e internacional: el de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, que están desaparecidos desde el 26 de Septiembre del 2014, en donde policías federales y militares están implicados.
Por todas estas razones, además de ser socio comercial, la comunidad mexicana en Canadá, considera que el Primer Ministro y el Ministro de Migración deberían estar abiertos a sus peticiones, y por tanto, solicitan un programa de regularización para la comunidad mexicana, posibilitar la reunificación familiar de sus miembros y el cese de las detenciones y deportaciones.
