La Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma y los sindicatos CGT, UGT Y CCOO valoran “positivamente la reunión mantenida en el SAMA ante la inminente huelga en el sector de Reforma y Protección de menores”.
Los sindicatos mantuvieron este pasado lunes una reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) “con las empresas del sector de protección y reforma en Aragón con motivo de la inminente huelga convocada para la negociación de un convenio aragonés del sector”.
A la reunión han asistido el presidente de OEIS -Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención Social- y también presidente de CEESLE -Confederación de empleadores sociales sin ánimo de lucro-, algo que desde los sindicatos que conforman la plataforma para la negociación del convenio se ha valorado “muy positivamente”.
En un “importante acercamiento” entre las partes se ha acordado tener una próxima reunión el 25 de septiembre “entre patronales y sindicatos, antes de volver a reunirnos el próximo 1 de octubre de nuevo en el SAMA”.

El trabajador Héctor García, de CGT, señalaba que “este avance debería haberse producido hace meses, evitando llevar a los trabajadores y trabajadoras al límite con un camino que nos llevaba irremediablemente a una huelga indefinida del sector”.
Por su parte, Angélica Mazo, de UGT, indicaba que “es intolerable que las personas que trabajan en este sector estén financiando a la administración pública con un 50% de perdida salarial en los últimos 20 años, si no se incrementan los salarios, ese dinero se lo ahorra la administración”.
También desde CCOO, por boca de Martín García, valoraban que “la negociación del convenio aragonés es esencial si las empresas quieren retener a los profesionales. Con unos salarios mileuristas las personas que trabajan en protección y reforma, no llegan a final de mes, desde hace años existe dificultad para encontrar y el ultimo año ha sido especialmente difícil encontrar personal formado que quiera trabajar por salarios tan bajos”.
Los tres sindicatos esperan poder llegar finalmente “a un acuerdo de convenio que mejore la situación actual, incrementen los salarios y que las personas que trabajan en protección y reforma ya no tengan que ‘huir’ a otros territorios con mejores condiciones laborales”,
Asimismo, señalan que “el Gobierno de Aragón debe poner de su parte y dotar económicamente los recursos con suficiente financiación para que tanto las condiciones laborales como la gestión de los centros sean las optimas”.

