Activistas de la Plataforma de personas Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza irrumpieron en la tarde de ayer en la oficina principal de Caja Duero para exigir un interlocutor y que retire las denuncias puestas por la anterior acción de protesta.
La acción, iniciada en torno a las 17.00 horas, finalizó pasadas las ocho de la tarde, momento en el que fueron desalojados las y los activistas. Tanto la PAH, como Stop Desahucios, llevan protestando meses frente a esta oficina de Zaragoza exigiendo un interlocutor.
El pasado 29 de diciembre tuvo lugar la última protesta, que se saldó con seis denuncias contra las y los activistas, interpuestas por el director de la sucursal. Además, han sido instaladas mesas informativas durante semanas, y entregado reclamaciones y propuestas a la entidad, a las que desde Caja España-Duero se han hecho "caso omiso", según denuncia la PAH.
Durante toda la acción un grupo de unas 50 personas permaneció en el exterior, apoyando con pancartas, a las 35 personas que ocupaban el interior. Señalando a Caja Duero y sus "malas prácticas" se han podido escuchar gritos como “¡Sí se puede pero no quieren, dación en pago y alquiler social!”, “Caja Duero estafa y engaña”, “Estos de aquí enfrente desahucian a la gente”.
A lo largo de toda la tarde hubo diálogos con los directivos de la sucursal, aunque no se llegó a ningún acuerdo debido a que, según relataban desde la plataforma: “nos han dicho que no ponían ningún interlocutor así que finalmente, después de decidirlo en una asamblea, hemos decido quedarnos hasta que nos dieran una solución”.
Además, la policía identificó a las personas que estaban en el interior de la sucursal, y van a ser denunciadas. La sucursal tiene su hora de cierre habitual a las 19.30 horas, pero el desalojo no finalizó hasta las 20.25 horas.
Finalmente la policía desalojó con contundencia a las y los ocupantes que en todo momento mostraron una actitud pacífica. En el exterior, los agentes realizaron un cordón, para evitar que estas se acercasen a la puerta, empujando a las personas que mostraban su apoyo en el exterior, lo que unido a la extremada fuerza del desalojo elevó la tensión.
Uno de los activistas desalojados declaraba: “Me han cogido entre unos cuantos y uno me ha agarrado de la mandíbula y me han arrastrado. Cuando me han sacado al exterior me han dejado caer al suelo”. Otros afectados desalojados contaban casos parecidos, muñecas retorcidas, además de, tras llevarles en volandas, dejarles caer al suelo desde alturas considerables.
Problemas bancarios
“Han cerrado todas las oficinas que hay en Aragón dejando solo abierta la que se encuentra en plaza Aragón”, relata Marco, uno de los afectados. “No están avisando a sus clientes de que esta sucursal tiene previsto cerrarse pronto”, prosigue. Caja Duero está inmersa en un proceso de absorción por compra de la malagueña Unicaja, y en Zaragoza se han cerrado todas las oficinas salvo la central en plaza de Aragón.
Son varios los y las miembros de la PAH que tienen problemas con la entidad Caja España-Duero. Recientemente se paralizó el desahucio de un afectado con la entidad y hay seis miembros de la plataforma afectados con este banco.
Juicios y denuncias
Desde la PAH aseguran que “se quiere acusar a los afectados de coaccionar a la entidad por los hechos ocurridos el pasado 29 de diciembre. Decidieron no salir de la oficina hasta que no fueran escuchados y se negociara una salida digna a las familias afectadas por el impago de su hipoteca”. Y añaden “las soluciones que plantea la entidad son inaceptables y constituyen un nuevo negocio para el banco”.
En la misma acción contra la entidad, Delegación del Gobierno puso 8 denuncias además de los 6 denunciados por “una denuncia que ha interpuesto Banco CEISS (Caja Duero y Caja España) propiedad de Unicaja a través del director de la oficina José Luis Martínez Marco”. Según informa la PAH el juicio será el proximo día 27 a las 12.20 horas en el Juzgado de instrucción nº 10 de Zaragoza.
El 27 de febrero del pasado año se realizó también una acción similar a esta. Entonces, la entidad se comprometió a negociar los casos de las cinco familias afectadas para entregar una vivienda que llevaban años pagando, su hogar, a cambio de quedar libres de deuda que amenazaba con condenarles el resto de su vida. Este acuerdo fue incumplido.
