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Con una violenta actuación policial desahucian a la vecina de Santa Isabel

A partir de las once de la mañana de este jueves se ha procedido a desahuciar a Irene. Eran varios los y las activistas de Stop Desahucios Zaragoza que habían pasado la noche junto a la afectada, y muchos más las que se congregaban desde las ocho de la mañana ante el portal número 34...
| 9 octubre, 2014 12.10
Uno de los momentos de tensión vividos en el desahucio de Santa Isabel esta mañana. Foto: Pablo Ibañez (AraInfo) [Galería de Diego Díaz (AraInfo)]

Uno de los momentos de tensión vividos en el desahucio de Santa Isabel este jueves. Foto: Pablo Ibañez (AraInfo) [Galería de Diego Díaz (AraInfo)]

A partir de las once de la mañana de este jueves se ha procedido a desahuciar a Irene. Eran varios los y las activistas de Stop Desahucios Zaragoza que habían pasado la noche junto a la afectada, y muchos más las que se congregaban desde las ocho de la mañana ante el portal número 34 de la calle Solidaridad del barrio de Santa Isabel.

El desahucio, uno de los más tensos sucedidos en Zaragoza, se ha saldado con el desalojo de miembros de Stop Desahucios y vecinos por parte de la policía española, lo que ha causado al menos dos heridos, durante su traslado, por la fuerza, desde el interior del edificio hasta la calle.

La plataforma Stop Desahucios convocaba a una concentración al considerar que el desalojo de Irene vulneraba el derecho básico a una vivienda digna. Sin ingresos, ni alternativa de acceso a otra vivienda, con una minusvalía del 34%, y víctima de una estafa, Irene ha sido desahuciada.

La llegada de la comisión judicial ha arrojado algo de luz en el caso de Irene, pues desde un principio parecía de acuerdo con la paralización del desahucio, sin embargo, el abogado de la parte contraria en ningún momento se ha mostrado conciliador, lo que ha desembocado en el descerrajamiento de la vivienda de Irene y su posterior desahucio, tras varios momentos de tensión.

Una vez desalojada a la fuerza y con violencia la entrada principal, la policía española ha entrado en el rellano para desalojar el otro piquete en la puerta de la vivienda de Irene. Mientras los vecinos y activistas de Stop Desahucios esperaban la llegada del dispositivo que ha ido arrastrando a los activistas que resistían hacia afuera del edificio.

Dos años para olvidar

«En mi caso y ante la situación de crisis actual y la negativa de los bancos tradicionales a prestar dinero, acudí a un prestamista particular. Familiar del director de la oficina de BBK situada en la calle Belchite de Zaragoza”, relata Irene.

“Acudí a esta oficina de BBK para solicitar un préstamo que el director me denegó, al tiempo que se ofreció a presentarme a su cuñada que actúa como prestamista y es la parte acreedora. Mi casa tenía dos anotaciones en el registro de la propiedad por un total de 44.000 euros, cantidad que yo les solicité a los prestamistas. Cuál fue mi sorpresa que en la escritura pública firmada ante notario, no constan los 44.000 euros sino la cantidad de 60.000 euros. Sufriendo así una estafa. En nuestros casos es muy difícil de demostrar tal estafa porque un juez no le pregunta a un notario si ha hecho «bien» su trabajo. Es tal la cantidad de estafados, que creemos que el 30% de los desahucios, que se producen en este país son de capital privado”. Prosigue su relato.

“La juez de instrucción del juzgado número 19 es la que lleva la instrucción del caso y no atiende a las peticiones tanto de Stop Desahucios como de mi abogado de paralizar el lanzamiento, en la que consta que soy discapacitada psíquica, que no tengo empleo y que no cobro ninguna prestación de ningún organismo público o privado. Siendo esta mi vivienda habitual y haberme enterado del desahucio con 15 días de antelación. Esto es, resumidamente, lo que ha pasado en estos dos años de calvario que acaban con el desahucio de mi casa”. Conluye Irene.

IU pide que se agilicen los informes de vulnerabilidad en casos de desahucio

Representantes de Izquierda Unida Aragón como Raúl Ariza, Pablo Muñoz y trabajadores del grupo municipal, se han desplazado hasta Santa Isabel para apoyar a la plataforma Stop Desahucios, que hoy ha tratado de frenar un lanzamiento en un caso de desahucio exigido por un prestamista. Las personas que se han congregado en la puerta de la vivienda de Irene han sido zarandeadas y arrastradas por los agentes de la Policía española, entre otros muchos, el concejal Raúl Ariza.

Los agentes incluso han llegado a aporrear a varios activistas, entre los que también se encontraba Alberto Cubero, secretario general del Partido Comunista en Aragón y trabajador del grupo municipal.

Uno de los motivos por los que el lanzamiento se ha producido, pese a que la Comisión Judicial había preparado la suspensión, tal y como habían solicitado desde Stop Desahucios, ha sido que el ejecutante (en este caso los prestamistas) no ha aceptado la aplicación del Convenio antidesahucios antes citado. “Pedimos que la aplicación del convenio, cuando esté clara la situación de vulnerabilidad social, sea obligatoria, puesto que el derecho a la propiedad no puede estar por encima de los derechos básicos”, concluye Muñoz.

El representante de Izquierda Unida en la Comisión de Acción Social y Deporte, Pablo Muñoz, va a proponer que se agilice la elaboración de informes de vulnerabilidad en casos de desahucio para que las personas afectadas se puedan acoger al convenio entre la DGA, el Consejo General del Poder Judicial y la FAMCP.

La petición de IU es, en definitiva, desarrollar un protocolo de urgencia por el cual las personas afectadas no tengan que esperar quince días a tener una cita en los Centros Municipales de Servicios Sociales. “Los servicios sociales en los barrios son el primer recurso público al que acude la gente en situación de exclusión social o, como es el caso al que nos referimos, en riesgo de ser desahuciada de su hogar”, apunta Muñoz. “Precisamente por eso, las y los trabajadores de los CMSS deben poder atender con urgencia y tener a su disposición todos los recursos a su alcance para colaborar en todo lo posible a mejorar la situación de las personas a las que atienden”, añade.

“Se han dado algunos casos recientemente, como el de Juana Antonia y su hijo, en los que ha sido muy difícil suspender el lanzamiento porque no se habían elaborado estos informes por defecto”, apunta el concejal Pablo Muñoz.

Es por ello que desde IU se va a instar al responsable del área de Acción Social a que dicte una instrucción para que se agilicen los informes de vulnerabilidad o bien que se elaboren sistemáticamente siempre que las personas atendidas se encuentren en riesgo de desahucio.

Podemos condena la brutalidad policial en el “stop desahucios” y exige a la DGA la creación de un Parque Público de Vivienda

Por su parte, Podemos Zaragoza ha mostrado su «más enérgica protesta» ante la actuación policial en el piquete “stop desahucios” convocado por Stop Desahucios Zaragoza, que se ha saldado «con una nueva familia despojada de su vivienda y varios ciudadanos heridos a pesar del pacifismo con el que se ha desarrollado la movilización».

Desde Podemos condenan que se siga utilizando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como «ariete político y del sector inmobiliario» contra «una ciudadanía que únicamente pretende que se cumpla el artículo 47 de la Constitución», que dice que todos los y las ciudananas «tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Para Podemos, junto al Gobierno central, que «se niega a cambiar la vetusta e injusta legislación hipotecaria española,» la Diputación General de Aragón «es culpable de que siga habiendo innumerables desahucios de familias en claro riesgo de exclusión social». «Es preciso recordar que el 3 de junio del año pasado el Gobierno aragonés firmó un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias con la intención de que quedasen claras ciertas pautas de actuación en este tipo de casos». remarcan en la nota.

«Este protocolo ha fracasado completamente puesto que no ha tenido carácter legislativo, ha carecido de dotación económica y no existe un parque público de viviendas sociales en Aragón mientras solo en la ciudad de Zaragoza se calcula que hay más de 50.000 viviendas vacías al tiempo que se saturan los albergues y espacios sociales de la ciudad», asevera Podemos.

También destacan la ineficacia de la “Oficina Antidesahucios” ideada por el Ayuntamiento de Zaragoza a mediados de 2012, que en sus primeros dos años de vida apenas había atendido 280 casos, por los 1.471 desahucios que se efectuaron desde los juzgados de 1ª instancia de Zaragoza solo en 2013, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Desde Podemos «seguiremos apostando por la aprobación de una moratoria hipotecaria sobre primeras viviendas de aquellas familias con problemas para pagar su hipoteca, porque se establezcan mecanismos adecuados para que las familias puedan reestructurar sus deudas, por la paralización inmediata de todos los desahucios de primeras viviendas y por la dación en pago con carácter retroactivo, entre otras cuestiones que ayudarían a paliar el genocidio social ocasionado por la injusta legislación hipotecaria, que únicamente beneficia a la banca y a aquellos que se lucran con la vivienda, un bien de primera necesidad», concluyen.

9 octubre, 2014

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