Este jueves, 15 de mayo, Bilbao Patrimonial ha retomado las obra derribo del último vestigio que quedaba del edificio histórico del colegio de Jesús y María en Zaragoza, el gran edificio del vestíbulo en la calle Hernán Cortés, "una opción desacertada de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Zaragoza que ha contado con el apoyo de la Comisión Municipal de Patrimonio y la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, organismos de la administración que no cumplen con las expectativas necesarias de protección", según señala Apudepa.
La asociación que defiende el patrimonio aragonés cree que las comisión municipal y la dirección general no han actuado "de acuerdo a la legislación vigente", e invocan lo dispuesto en la "Ley 15/1985 de patrimonio Histórico Español y la Ley 3/1996 de Patrimonio Cultural aragonés, y en particular a la Ley 10/20022 ‘De Calidad de la arquitectura’, derivada de la Declaración de Davos, (Consejo de Europa, 2018), en cuyo apartado ‘Fines de la Ley’ dice: Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y en virtud de las competencias asumidas en dicha materia, la protección del patrimonio arquitectónico, tanto histórico como contemporáneo, que por sus valores culturales, sociales y medioambientales revista especial interés". Para Apudepa, "todo ello lo cumple el antiguo colegio, aunque los organismos competentes no lo quieran reconocer".
La entidad ha estado luchando en los 2 últimos años contra la desaparición de un edificio de "interés arquitectónico, magníficamente construido por ser muy sólido y versátil", también configurado con "un rotundo afán pedagógico", y tal y como vienen a recoger los informes de parte de los tres peritos de Apudepa, presentados ante el contencioso administrativo que en estos momentos se dirime ante el TSJA a favor de la catalogación solicitada por la Asociación.
"¿Y va a ser posible que la justicia no llegue a tiempo de parar tan enorme desaguisado?", se pregunta cargada de ironía Apudepa. "Nuestra obligación es señalar el fracaso urbano de esta gran operación urbanística que ha llevado más de 25 años (1996-2025), y no precisamente a favor de la ciudad en el sentido económico, patrimonial, de sostenibilidad y de hacer frente al cambio climático", añade la asociación patrimonialista.
Para Apudepa "es triste que un suelo que era de propiedad privada pero catalogado como de dotación pública, para servicios públicos (incluida sentencia), haya pasado recientemente a ser privado, casi 9.000 m², eso sí con una cesión al ayuntamiento de unos 5.500 m²". "¿Acaso en todos esos espacio no se podía haber conservado lo que era el inicial colegio-pensionado, capilla y vestíbulo?", se preguntan para responderse acto seguido: "No, el ayuntamiento no rebla, su función principal es facilitar la construcción de pisos de lujo y muchos garajes. Al precio que sea".
Para la entidad, "una vez más, el gobierno del ayuntamiento zaragozano, en connivencia con la Dirección General de Patrimonio Cultural, demuestra lo que muchos pensamos: su falta de auténtico compromiso con la ciudad y sus vecinos y allí donde no se aplica la ley se aplica la arbitrariedad".
