El Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza –en adelante Derechos Civiles– ha remitido una nota de prensa con la intención de ser tomado “como un interlocutor existente, válido y con voz propia” por los mismos medios de comunicación que reproducen y difunden las noticias, acusaciones e injurias proferidas contra él por “ciertos grupos políticos y organizaciones de derecha, extrema derecha y extremo centro”, con la intención de ser escuchados, y que su voz también sea difundida por esos medios, y dejar de ser solo parte de una caza de brujas iniciada desde el mundo de la política.
Por todo ello, y dado que su trabajo en defensa de los derechos civiles se localiza principalmente en Zaragoza, advierten que los destinatarios últimos de sus denuncias sean las instituciones competentes del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, “pues ellas son las responsables últimas, legales y políticas, de los casos de violencia institucional que pudieran tener lugar en este territorio o de los abusos que pudieran involucrar a sus funcionarios o sus agencias de control penal”.
“Nuestro trabajo es absolutamente independiente de autoridades, instituciones, partidos o empresas. Es el mismo trabajo cualquiera que sea el color de cada gobierno”, advierten. Recuerdan que si bien dos concejales de Zaragoza en Común decidieron destinar parte de su sueldo a este grupo, esas donaciones fueron rechazadas en beneficio de esa independencia.
Recuerdan a quienes les acusan que “ningún funcionario público necesita que le defiendan ni protejan de nuestro trabajo: sus estatutos, sus regímenes disciplinarios, su sueldo y los medios dispuestos para el ejercicio de sus funciones componen el marco que asegura las condiciones para el desempeño de éstas”. En este sentido recuerdan la sentencia del Tribunal Constitucional que advierte que “Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar las críticas de su actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean y, en su caso, pesa sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 143/1991). Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquél que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que éstas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos (STC 2/2001)”.
El contexto actual es de sobras conocido, y la política institucional no evita la tentación de mezclar los temas que haga falta en beneficio propio – desde la jornada represiva del 1-O en Catalunya hasta una “fiesta antirrepresiva” como las que llevan décadas celebrándose en todo el planeta durante décadas–.
Un largo historial de difamaciones
Así, acusan al grupo municipal del partido Ciudadanos de haber definido a Derechos Civiles como un grupo que “tergiversa la realidad, miente con conocimiento de causa en beneficio propio y se sitúa en una estrecha franja en la que sus actuaciones pudieran considerarse delictivas”.
No se escapan los sindicatos policiales de este tipo de argumentaciones. G. de Miguel, portavoz del sindicato policial SUP en Aragón, hablaba de la fiesta antirrepresiva en los siguientes términos: “convocatoria sustentada en una incitación a la violencia y al odio sectario hacia todo lo que implique legalidad y a los cuerpos que velan por el cumplimiento de la ley. […] se trata de una fiesta organizada para incitar al odio contra los cuerpos policiales, incluida la Policía Local que es del Ayuntamiento” .
Sobre la misma fiesta, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza José Ignacio Senao, se despachó en rueda de prensa en el consistorio, asegurando que se trataba de “un acto en el que se incita al odio contra profesionales municipales” , llegando a asegurar que se trataba de “un akelarre contra los profesionales que velan por la seguridad […] una fiesta que incita al odio contra la policía […] No podemos confundir la libertad de expresión con actos que promuevan la incitación al odio y la violencia”.
Por su parte, la Plataforma Aragonesa Ñ, la misma que como ya contáramos en AraInfo, se encargó de difundir la concentración ultraderechista que había legalizado Falange Española de las Jons en Zaragoza, como protesta por el referéndum catalán del 1 de Octubre, dijo sobre Derechos Civiles en su cuenta de Facebook que se trata de “una organización antisistema, para promover una actividad que fomenta el odio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, asegurando que la fiesta era “un acto que fomenta el odio y confrontación entre ciudadanos […] con este acto, se está tentando de nuevo a una confrontación directa, por lo que hacemos directamente responsables al equipo de gobierno municipal de lo que pueda suceder mañana. ¡VIVA ARAGÓN y VIVA ESPAÑA!”, en lo que se podía entender como una amenaza velada.
Desmintiendo todas estas declaraciones, Derechos Civiles advierten que el tipo penal 510 CP, en el que se define los delitos de odio, se definen en base a la condición de la víctima del delito, no del autor. Por lo que para que un cuerpo policial pudiera ser víctima de un delito de odio, habría que asumir que ese cuerpo cuenta con una ideología propia o que hace suya la del gobierno, algo que incurría sin duda en delito.
Como consecuencia de todo ello, la comisión jurídica del grupo DDCC valora la posibilidad de interponer una querella por injurias y calumnias contra los responsables de tan graves, ofensivas y dañinas acusaciones del delito de incitación al odio.
