En octubre de 2015, Intress comenzó a gestionar el Centro de Observación de Acogida (COA) de Zaragoza gracias a su participación en "un proceso negociado sin publicidad gestado por el PP de Rudi y firmado por el PSOE de Lambán". Según aseguran desde el colectivo Educadores en Lucha, la entidad privada hizo “caso omiso” de las comunicaciones públicas que le remitieron desde dicho colectivo, “advirtiendo del recorte presupuestario de un concurso que conllevaba asumir gastos vitales de los niños y niñas como salud, escolar o vestimenta”.
Sin embargo, a su juicio, una vez con la gestión en su poder, Intress consiguió una "ventaja beneficiosa" al acordar con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que si se superaba en gastos “la previsión que se estableció en los pliegos de 35.000 euros anuales, se entraría a analizar qué gastos pueden imputarse a gastos extraordinarios, siendo asumidos por la Administración, y cuáles no".
Este acuerdo se encuentra reflejado en el acta número 1 de la Comisión de Seguimiento del Contrato de Servicios de la Gestión Educativa en centros propios de la Dirección Provincial del IASS (Residencia Cesaraugusta I y II). Así lo firma la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en respuesta parlamentaria a Izquierda Unida.
Según argumenta la Consejera en dicha respuesta, este acuerdo se alcanzó por la "indefinición" en los pliegos de qué conceptos están incluidos en los gastos extraordinarios de los y las menores, por lo que se "obligaba" a realizar una interpretación acordada de los mismos.
Tal y como defienden, este argumento es “totalmente falaz y supone un cambio sustancial de las condiciones del concurso en beneficio de Intress”. "Resulta que Intress participó en un concurso junto a otras entidades pudiendo pujar a la baja y aceptando la totalidad de condiciones, pero una vez que logra la gestión del centro parece que hay indefinición en los gastos. Creemos que Intress hizo trampa y sacó un rédito económico con el consentimiento del Gobierno de Lambán", aseveran desde este colectivo.
Para Educadores en Lucha, “la cota llegó hasta tal desvergüenza que en la respuesta parlamentaria se explica que se acordó que los gastos de ropa eran asumidos en su totalidad por la empresa adjudicataria”. En este sentido los pliegos del concurso citaban textualmente: "Los gastos derivados de vestido, calzado, farmacia, desplazamientos, material escolar, actividades de ocio, transporte, campamentos, propinas, etcétera, correrán a cargo de la empresa adjudicataria".
Por ello, desde este colectivo preguntan al IASS e Intress: "¿Cuál es la indefinición de los gastos de ropa que había en los pliegos? Solo nos cabe la intención de la entidad privada en arañar más dinero", responden.
Respecto a los gastos extraordinarios, los pliegos establecían literalmente: “Cuando la Dirección Provincial del IASS correspondiente considere que los gastos son de tipo extraordinario se hará cargo de los mismos y en todo caso corresponderá a la Administración contratante, en caso de duda sobre la imputación del gasto, la potestad interpretativa".
“Desde nuestro colectivo, entendemos claramente que las entidades que participaron en el concurso aceptaron que en caso de haber algún gasto extraordinario sería la Administración Pública quien tuviera la potestad de interpretar cuales tenían dicha condición de extraordinarios”, subrayan.
"En el acuerdo con Intress no hubo ninguna definición, ni interpretación de los gastos extraordinarios, sino fijar una cifra acumulada de 35.000 euros a partir de los cuales el Gobierno decidía si se hacía cargo o no”, añaden. “Un gasto extraordinario, que pudiera ser una operación quirúrgica carísima, no debe depender de si la entidad privada ya se ha gastado 35.000 euros o no. Era todo una excusa para fijar una cifra económica en beneficio de Intress", destacan desde Educadores en Lucha.
El precio adecuado del mercado del IASS e Intress
Para el colectivo, “el PSOE de Lambán, pese a haber criticado ferozmente el concurso gestado por el PP para el COA, lo firmó una vez alcanzado el poder excusándose en no cometer prevaricación”.
Por su parte, la Consejera Broto, “pese a haber firmado un acuerdo con nuestro colectivo antes de las últimas elecciones autonómicas, no quiso aceptar ninguna de nuestras argumentaciones jurídicas para frenar esta nefasta adjudicación que han estado sufriendo los niños y niñas del COA, así como los profesionales que les atienden”, recalcan.
Por este motivo, Educadores en Lucha interpuso una demanda contra la adjudicación del COA en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). “En la actualidad estamos pendientes de una próxima resolución a dicho contencioso”, recuerdan.
“Lo paradójico en esta demanda, es que tanto los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón como los de Intress coinciden y van de la mano en su argumentación de defensa”, señalan. Al parecer, "ambas entidades afirmaban que el precio de la licitación del concurso era válido y adecuado al mercado, hecho que negaba y criticaba rotundamente la consejera Broto cuando era oposición”, apuntan.
Sin embargo, para este colectivo dicha argumentación “no tiene ni cabe sentido alguno cuando posteriormente tanto IASS como Intress acuerdan un tope de cifra económica para abordar los gastos extraordinarios de los menores”.
Finalmente y debido a estos hechos, para Educadores en Lucha “queda claro que han sido ambas entidades quienes han invalidado su defensa ante el TSJA dando muestra de que el precio de licitación no era válido si han realizado una modificación a posteriori”.
