La solución adoptada por el promotor para cruzar el río Cinca, espacio protegido de la Red Natura 2000, y aceptado por el INAGA “sin ofrecer otras alternativas más que el cruce en aéreo, supone un trato de favor al proyecto de Forestalia, vendido posteriormente a Repsol”, aseveran desde Ecologistas en Acción Aragón.
Otros proyectos de líneas de alta tensión que debían cruzar el espacio protegido del río Cinca “como la evacuación del nudo de Isona, tramitada por el MITECO, o la de los parques fotovoltaicos Pasadizo y Regadera Solar en el Somontano, cuya declaración de impacto ambiental ha publicado recientemente el INAGA, se ven obligados a realizar trazados subterráneos por la ZEC o buscar alternativas menos impactantes que el cruce en aéreo”, recuerda la entidad ecologista.
La investigación “sobre las presuntas irregularidades en las autorizaciones del Clúster Cinca” se inició con una denuncia de la formación política Teruel Existe a la Fiscalía de Uesca, que abrió diligencias y encargó un informe al UPRONA de la Guardia Civil. A raíz de este informe, en agosto de 2023 se inicia el procedimiento penal “pues la Guardia Civil concluyó la presunta existencia de delito: podría haberse cometido un delito de prevaricación por los órganos implicados del Gobierno de Aragón, al haber dictado resoluciones en todo este proceso que, por todas las razones expuestas anteriormente, son absolutamente arbitrarias”, destacan desde Ecologistas en Acción sobre lo apuntado por la policía. En este caso los responsables serían la Dirección del Servicio de Industria e Innovación de Uesca, así como la Dirección del INAGA.
Por este motivo, este pasado miércoles 19 se realizó una concentración en la sede del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y cerca de la Ciudad de la Justicia, en Zaragoza, denunciando “las presuntas irregularidades del INAGA y el atentado que supone trazar la línea en aéreo por el espacio de la Red Natura, afectando a uno de sus objetivos principales de conservación, impacto ambiental que no parece importarle a Repsol”, enfatizan.
Ecologistas en Acción se personó en el procedimiento, tras abonar una fianza de 5.000 € y desde septiembre de 2023, ha pedido diversas diligencias de investigación, como la declaración como investigados del anterior Director del INAGA y la Directora del Servicio de Industria del Gobierno de Aragón y la remisión del procedimiento a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) “para la investigación de las conductas de los departamentos que han posibilitado la autorización del proyecto”.
También se han presentado diversos peritajes “entre ellos uno de perito economista, cuya declaración en sede judicial” está solicitada por los querellantes, y que concluye “que las sociedades mercantiles formalmente promotoras de cada uno de los parques en que se había fraccionado el proyecto eólico Clúster del Cinca no tenían actividad, y su única finalidad se limitaba a actuar como sociedades instrumentales de Forestalia en la tramitación de las autorizaciones administrativas de los proyectos fraccionados”. Y este entramado societario se produce justo antes de que Forestalia realizará “el pase” del proyecto al operador real, Repsol “mediante la venta de todas esas sociedades, obteniendo cuantiosas plusvalías”, detallan desde Ecologistas.
La decisión sobre esas diligencias de investigación está pendiente de la emisión de un dictamen pericial por parte del Laboratorio de Ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de Valencia, solicitado por la Fiscalía en abril de 2024.
