Hace más de cinco años que desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores denuncian “la precaria situación laboral en la que nos encontramos los y las trabajadoras de centros de protección y reforma. Condiciones laborales que traen como consecuencia la fuga de profesionales” a otros territorios “u otros sectores laborales, convirtiendo así, de forma progresiva, un oficio que requiere de una alta cualificación y experiencia, en un trabajo con elevado intrusismo profesional”.
Denuncian que “se ha intentado invisibilizar la profesión del Educador y Educadora Social, con el único objetivo de abaratar los costes económicos, consiguiendo que el sector de reforma y protección de menores perciba los salarios más bajos del ámbito social. Además de haber sufrido una pérdida económica del 50% del salario desde el 2003 año en que se iniciaron las externalizaciones de este servicio público”.
“Hace veinte años, trabajar en un centro de protección o reforma de menores, era para una educadora social, uno de los últimos escalones de su carrera profesional, o al menos así lo veíamos los que ya tenemos unos años”, explican, añadiendo que “éramos conscientes de la dificultad, responsabilidad y dureza de las funciones a desempeñar, y de la necesidad de adquirir previamente experiencia y rodaje, comenzando por otros empleos más sencillos en los que ir adquiriendo las herramientas y habilidades necesarias”.
“El poder de control externo de aquellos a los que otorgamos el control”
A juicio de la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores “es el ‘locus de control interno’ que debe tener cualquier profesional, pero del que parecen carecer aquellos que gobiernan. Hoy en día, resulta difícil encontrar profesionales cualificados y con la experiencia suficiente, dispuestos a desempeñar un oficio que implica un alto desgaste emocional, en el que a menudo sufrimos agresiones físicas y verbales, en el que las educadoras frecuentemente nos encontramos abandonadas y desprotegidas, en el que aquellos y aquellas que deben darnos respuestas y soluciones, hacen oídos sordos y miran hacia otro lado como forma de proceder habitual”.
“Un trabajo que exige una alta implicación, con jornadas de mañana, tarde y noche, domingos, festivos, noche buena y navidad, a cambio de un salario que no alcanza para pagar un alquiler y mucho menos para mantener a una familia”, aseguran desde la plataforma las profesionales del sector.
Durante meses han venido denunciando “esta situación ante nuestros políticos. Presentamos un proyecto no de ley, que una vez más fue rechazado, alegando que el asunto no va con ellos, que son las entidades gestoras, a los que ellos contratan y pagan, las que deben poner soluciones. Una vez más, nos sentimos abandonadas y desprotegidas, nos dejaron claro, otra vez, que no les importamos, que lo que hacemos no implica más votos en las urnas”.
Una vez se externalizaron los centros de reforma y protección de menores “todos: administración, empresas y sociedad olvidaron que estos centros debían tener los medios adecuados para trabajar, unos profesionales reconocidos y condiciones laborales y salarios justos”.
Ahora, “tras el escándalo de Ateca, el cual corresponderá a los jueces esclarecer, ha quedado evidenciada la falta y necesidad de equipos profesionales y estables en los centros de protección y reforma. El tiempo nos ha dado la razón, y lejos de entonar el mía culpa y asumir responsabilidades, se expedientan funcionarios, se mira con lupa y registra a los educadores, y se exigen responsabilidades a los de abajo”.
“Nadie quiere asumir el error pudiendo ser otro con menos poder el que pague los platos rotos, y nadie habla de poner solución a lo obvio: si quieres que te opere un cirujano, tendrás que pagarle a precio de cirujano, si le pagas a precio de curandero, tendrás un curandero, dado que el juramento hipocrático también tiene un límite cuando el sueldo no alcanza para mantener a la familia”, concluyen desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores.
El Colegio Profesional de Educación Social recuerda “la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio profesional”
Por su parte, desde el Colegio Profesional de Educación Social de Aragón (CEES-Aragón) “teniendo en cuenta y agradeciendo al Gobierno de Aragón todas las actuaciones que se están llevando a cabo para mejorar la atención profesionalizada que reciben los menores tutelados en los centros de protección, queremos hacer hincapié, en la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio profesional, tal y cómo se recoge en la Ley 9/2005 de 10 de Octubre del Gobierno de Aragón”.
Asimismo, muestran su disposición “para colaborar con la administración y entidades a la hora de garantizar una adecuada prestación de servicios profesionales que repercutan en la mejora asistencial y educativa de los y las menores atendidos en centros, públicos o concertados”.
“La educación social es una profesión esencial que debe contar con titulación presencial en nuestro territorio y el reconocimiento necesario por el desempeño de nuestras funciones y competencias específicas”, recalcan.
En el mismo sentido, inciden en que “la presentación de una titulación universitaria como única cobertura profesional no garantiza el ejercicio, puesto que en casos de inhabilitación son los colegios profesionales los que proporcionan esta información si así se les requiere, avalando la veracidad en los datos emitidos”.
Y concluyen reiterando la “disponibilidad” del CEES-Aragón “para reunirnos cuando desde la administración consideren”.
