El comité de empresa de FCC Parques y Jardines ha denunciado las continuas injerencias que la empresa viene cometiendo en los procesos electorales.
Desde el comité de empresa se asevera que "la empresa FCC ha perdido, durante este mes, dos laudos arbitrales que dan validez al proceso electoral y obliga a la empresa a entregar correctamente el censo laboral y electoral".
El primero de los laudos arbitrales, con fecha 16 de septiembre, declara la plena validez del preaviso electoral que afecta al centro de trabajo FCC Parques y Jardines Zaragoza. Si bien el segundo laudo arbitral, emitido con fecha 27 de octubre, declara que la empresa FCC debe facilitar de nuevo un censo laboral de los empleados que reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos por el reglamento electoral y un listado de los empleados que durante el año anterior han sido empleados temporalmente adicionando a cada uno de ellos el número de jornadas realizadas.
Además, y según denuncian desde el comité de empresa, FCC al recibir el preaviso electoral por carta certificada, alegó que el sobre estaba vacío con lo que se tuvo que repetir el preaviso, dilatádose un mes más el proceso electoral.
"Los laudos arbitrales no solo dan validez al proceso electoral sino que ponen de manifiesto las continuas injerencias de la empresa en el proceso ocultando y negando datos de los trabajadores, con la única intención de impedir que los trabajadores ejerzan su derecho a la libertad sindical y elegir a los miembros del comité de empresa", inciden desde el comité de empresa.
A la espera de que esta misma semana FCC entregue el censo con los datos reales y la mesa electoral tome las medidas oportunas para seguir con el proceso, el comité de empresa no descarta tomar medidas legales por intrusismo en el proceso electoral.
El comité de empresa asevera que "estamos ante una más de las maniobras antisindicales que FCC viene ejecutando en esta ciudad" y advierte que pedirá una reunión con el presidente del observatorio de la contratación del ayuntamiento de Zaragoza, el consejero Alberto Cubero, para que desde el propio ayuntamiento "se tomen medidas sociales para que empresas que mantengan injerencias o que vulneren el derecho sindical no puedan trabajar en esta ciudad".