Denuncian la privatización de los servicios públicos de Informática y Telecomunicaciones por parte del Gobierno de Aragón

Desde el sindicato C-SIF denuncian que la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos despidió a 6 miembros del personal laboral de su plantilla de manera fulminante, sin negociación alguna, además de haber retornado a trabajadores a la DGA

CSI·F denuncia que, entre los pasados 26 y 28 de octubre, la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), dependiente del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, despidió a 6 miembros del personal laboral de su plantilla de manera fulminante, sin negociación alguna.

Además, según este sindicato, se produjo una bajada de sueldo impuesta a 2 trabajadores de la plantilla. A estas medidas se unen a las 5 desadscripciones de personal funcionario a cargo de la Entidad - empleados públicos que retornan a la DGA, no siempre con puesto asignado - realizadas a finales del pasado septiembre, y la falta de provisión de puestos de trabajo en vacantes. En la actualidad cuenta con 71 empleados.

Para justificar todas estas decisiones, la Dirección del Ente Público se basa en motivos económicos y organizativos. La reducción del presupuesto de personal para el año 2016 fue de un 18%, casi 700.000€ menos. Desde la aprobación de los presupuestos para este año, la gerencia de AST no ha buscado ninguna alternativa ni ha negociado con el Comité de Empresa, fabricando así el entorno con el que justificar los despidos.

El Comité, en el que sólo CSI·F está representado, considera que tras estas medidas se oculta una voluntad de privatizar los servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, tarea ya comenzada en el 2011. Desde esa fecha, la lista de bajas en la plantilla ya suma más de 25 personas.

El modelo de gestión de esta entidad en los últimos años se basa en una "modalidad de servicio", desaprovechando los recursos públicos y la experiencia profesional como personal cualificado, enajenando así a AST -y al Gobierno de Aragón- la capacidad de garantizar la seguridad, eficiencia y el valor público de la informática y las comunicaciones.

"Entendemos que esta forma de actuar no cabe interpretarse sino como una privatización encubierta de las funciones que realiza AST", advierten desde el comité. Desde 2012 se han licitado 44 millones de euros en contratos de esta modalidad, siendo el último ejemplo el contrato de gestión del puesto de trabajo, dotado con otros 43 millones de euros, y que está pendiente de aprobación.

AST es una Entidad de Derecho Público responsable del diseño, implementación, gestión y operación de toda la informática y servicios de telecomunicaciones del Gobierno de Aragón en entornos como salud, justicia, redes de emergencias (112 Aragón), equipos de informática de todos los empleados públicos y la recepción a los hogares de la radio y televisión en el ámbito rural. Los empleados de AST solicitan la marcha atrás de las medidas tomadas, reclamando acciones negociadoras y denuncian la degeneración de los servicios públicos.

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