Denuncian la precarización de los servicios y recortes en los Centros de Menores de Aragón

El Gobierno de Aragón ha materializado “un nuevo recorte” aprovechando un proceso de jubilaciones anticipadas, y la creación, “sin planificación alguna, de nuevos servicios sin incremento de personal especializado”

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Sede del Gobierno de Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

El Colegio de Educación Social de Aragón ha denunciado que la DGA continúa su política de recortes y precarización de los servicios y centros de menores de su competencia encargados de la intervención educativa con menores que cumplen las medidas recogidas en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Durante el primer trimestre de este año el colegio se ha dirigido a la Gerencia del IASS del Gobierno de Aragón con el objetivo de hablar sobre esta política de recortes y precarización de servicios, sin embargo, denuncian que hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna.

Tras esto, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón ha solicitado reuniones de trabajo con todos los grupos políticos que forman parte del Gobierno de Aragón con el objetivo de explicar esta situación e iniciar una campaña política y mediática para denunciar la situación de estos recortes y precariedad.

Por un lado, respecto a la situación del CEIMJ de Zaragoza, y por otro lado respecto a la amortización de plazas de Educadores/as Sociales en los Equipos Educativos EMA y EMCA del Área de Atención a Menores en Conflicto Social del Gobierno de Aragón.

“Los Equipos Educativos que trabajan en este Área de Atención a los y las Menores en Conflicto Social son Equipos Educativos punteros a nivel nacional y con gran reconocimiento social de su labor con menores infractores y sus víctimas”, señalan desde el colegio profesional.

Tras una década de continuos recortes y falta de previsión en los Equipos Educativos del Área de Atención a Menores en Conflicto Social, el Gobierno de Aragón ha materializado “un nuevo recorte” aprovechando un proceso de jubilaciones anticipadas, y la creación, “sin planificación alguna, de nuevos servicios sin incremento de personal especializado”, apuntan.

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