Denuncian “la externalización fraudulenta” de puestos de trabajo en Educación Infantil

La Dirección General de Educación de la DGA “autoriza contratar personal sin titulación a través de empresas de extraescolares para cubrir funciones docentes ordinarias de Técnico Superior de Educación Infantil, precarizando empleo y vulnerando la ley”, denuncian desde OSTA.

Foto: Ryan Fields en unsplash

El sindicato OSTA denuncia una práctica irregular detectada en diversos centros educativos públicos de Aragón “que supone una triple vulneración: de la normativa de contratación pública, del Convenio Colectivo del sector de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) y de la normativa educativa aragonesa”.

El sindicato señala que “recientemente se adjudicó mediante procedimiento público (Expediente ECD_DGPCFP_2025_1001) a Koala Soluciones Educativas S.A. un contrato para cubrir 95 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) destinadas al apoyo en aulas de 2-3 años en centros públicos aragoneses”.

Sin embargo, al alcanzar diversos colegios el límite de ratio permitido y agotarse dicho cupo, la Dirección General de Educación del Gobierno de Aragón “habría autorizado la contratación paralela de personal a través de empresas gestoras de actividades extraescolares para que realice funciones propias de TSEI dentro del horario lectivo ordinario”, aseguran desde OSTA.

Esta práctica genera una doble injusticia, “la precarización laboral estructural: se sustituyen puestos cualificados de TSEI, con titulación específica y condiciones retributivas garantizadas por convenio, por contrataciones externalizadas presuntamente sujetas a condiciones salariales y laborales inferiores, posiblemente bajo convenios de actividades extraescolares no aplicables a funciones docentes ordinarias”, y además, se produce una “discriminación hacia el personal subrogable: mientras numerosas TSEI permanecen en situación de interinidad o sustitución sin acceso a plaza fija, se externaliza un servicio que debía cubrirse mediante el contrato público ya licitado, vulnerando el derecho de prioridad de contratación del personal con titulación específica”, destacan desde OSTA.

Irregularidades detectadas

El sindicato aragonés OSTA ha detectado irregularidades como un “posible fraude a la LCSP: la contratación paralela para realizar las mismas funciones previstas en el contrato adjudicado a KOALA podría constituir una división artificial de contratos (art. 115 LCSP) o un desvío de objeto contractual, al utilizar partidas destinadas a actividades extraescolares para cubrir necesidades docentes ordinarias ya previstas en el expediente de contratación”.

Otra de las irregularidades denunciadas es la “vulneración del III Convenio Colectivo de TSEI: las funciones de apoyo en aulas de Educación Infantil exigen titulación de TSEI. Contratar personal sin dicha cualificación o con retribuciones inferiores quebranta el principio de igualdad retributiva y profesional”.

Finalmente OSTA, asegura la detección de otra irregularidad más, “el incumplimiento normativo educativo: ante el exceso de ratio, la solución legal es solicitar autorización para nueva unidad o ampliar el cupo contractual, no externalizar fraudulentamente el servicio mediante partidas ajenas a su finalidad”.

Por todo ello, OSTA exige “la paralización inmediata de estas contrataciones irregulares. La ampliación del cupo del contrato público de KOALA para cubrir las necesidades reales detectadas. La apertura de expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Educación. Y el respeto escrupuloso al Convenio Colectivo del sector y al derecho de prioridad del personal subrogable con titulación TSEI”.

“No vamos a permitir que la falta de planificación de la administración educativa se resuelva precarizando empleo cualificado y vulnerando derechos laborales conquistados. La infancia aragonesa merece profesionales titulados y estables, no parches fraudulentos que ahondan en la inestabilidad del sector”, enfatizan responsables sindicales de OSTA, que anuncian que han iniciado los trámites para presentar denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y no descartan “acudir a la Inspección de Educación del Gobierno de Aragón y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos”.

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