La Asociación de Vecinos de los barrios de Zaragoceta y Miraflores de Caspe ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la que informan de las diferentes irregularidades cometidas en el proceso de licitación de la cantera de bloques de arenisca denominada “Val del Puente”, promovida en la localidad bajoaragonesa por Adelina Cristóbal Baches.
Según advierten desde esta asociación Los vecinos colindantes no fueron informados del proyecto hasta el 10 de septiembre de 2015, cuando ya estaba publicada de forma inapelable la resolución de Impacto Ambiental por parte del INAGA (BOA 141 de 23.7.2015).
Sin embargo, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no se hace referencia a los vecinos que allí habitan. En la parte de descripción de medio socioeconómico no aparecen reflejadas ni valorados las viviendas habituales colindantes, sus negocios y la afección que puede conllevar en las explotaciones agrarias y de turismo rural, que se verían gravemente afectadas.
En este sentido el EIA sí reconoce que la actividad minera originará incremento de niveles de ruido, polvo, vibraciones y posibles derrumbes, sin proponer ninguna medida preventiva ni correctora para que esto no afecte a la población y negocios colindantes.
El 12 de diciembre de 2014 (BOA 243) se abrió el trámite de información y participación pública a la solicitud de la empresa, en el que se exigía una consulta a interesados y a las administraciones públicas afectadas, entre las que se encontraban el Ayuntamiento de Caspe, la Comarca Bajo Aragón-Caspe y la Confederación Hidrográfica del Ebro entre otras.
A pesar de que se dice explícitamente "consulta a interesados" en esa fecha los vecinos no son informados, motivo por el cual no pudieron presentar alegaciones.
Además, en el informe emitido por parte del Ayuntamiento de Caspe no aparecen referenciadas las viviendas que existen a pocos metros de la futura explotación. En éste se especifica que el emplazamiento de la explotación minera está clasificado como suelo no urbanizable genérico (SNUG) y que son compatibles. Algo que desmiente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente en junio de 2014, pendiente de aprobación definitiva, que clasifica la parcela de emplazamiento como SNUE de protección del ecosistema natural en la categoría de “matorral - suelo estepario”, en la cual están prohibidas expresamente las actividades extractivas, según define el artículo 87.3 de las Normas Urbanísticas.
Desde esta vecinal entienden que con la aprobación del nuevo PGOU el Ayuntamiento de Caspe, y tal como dice la Ley de Urbanismo de Aragón de 2014, tiene capacidad jurídica para revocar, en el caso de estar en trámite, o derogar la licencia de la actividad en beneficio de sus vecinos.
En la resolución de Minas de 2 de Marzo de 2016, se especifica que las labores mineras no podrán desarrollarse a menos de 40 metros de cualquier edificación, algo que la cantera de “Val de Puente” vulnera flagrantemente, pues existen casas situadas a escasos cinco metros.
La situación de estos vecinos y vecinas afectados es kafkiana. Pese a no haber sido informados como parte interesada, desde el INAGA les advierten que están fuera de plazo para alegar y desde el Ayuntamiento de Caspe que carece de competencias y que se verá obligado a conceder la licencia pues si no, estaría prevaricando.
Mientras, las personas afectadas, siguen sin ser ayudadas en un caso flagrante de falta de información de cara a la tramitación del proyecto extractivo.
