El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) ha expresado su “rotundo rechazo” a la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de reconvertir el edificio del antiguo Centro de Educación de Adultos Concepción Arenal del barrio de la Madalena en un museo dedicado a la Semana Santa. La organización laicista denuncia que esta medida implica la pérdida definitiva de un recurso educativo esencial, con un impacto directo sobre alumnado adulto y colectivos en situación de vulnerabilidad.
El cierre del centro, motivado inicialmente por problemas estructurales que obligaron a su traslado, ha supuesto —según MHUEL— una “merma objetiva” en la calidad, accesibilidad y eficacia del servicio educativo. La intención de no recuperar su actividad en la ubicación original consolida, a juicio del colectivo, “un proceso que agrava las desigualdades sociales y limita el acceso a la formación”.
Desde una perspectiva de gestión pública, MHUEL considera la decisión “ineficaz” y una “mala asignación de recursos”, al eliminar un activo con demanda real y alto retorno social. En su análisis, la desaparición del centro conlleva costes indirectos como el abandono formativo, mayores desplazamientos para el alumnado o el aumento del riesgo de exclusión social. “El centro desempeñaba un papel clave en ámbitos como la formación básica, la inserción laboral, la integración de población migrante y la prevención de desigualdades”, recuerdan.
Asimismo, el colectivo muestra además su “sorpresa por la falta de consideración de estos impactos” tanto por parte del Ayuntamiento de la capital del país como de responsables eclesiásticos, a quienes reprocha “no haber tenido en cuenta las consecuencias sociales” de la medida pese a su discurso de atención a las personas desfavorecidas.
Dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de Chueca
MHUEL sitúa también el foco en el encaje jurídico de la decisión. Recuerda que el artículo 16.3 de la Constitución española establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, lo que obliga a las administraciones públicas a mantener una estricta neutralidad religiosa. En este sentido, cuestiona que un edificio público destinado históricamente a la educación —derecho fundamental recogido en el artículo 27— pase a albergar un museo vinculado a una tradición religiosa concreta.
Aunque el proyecto pueda presentarse bajo una óptica cultural, el colectivo advierte de que esta reconversión “desdibuja la neutralidad” y puede interpretarse como un privilegio institucional hacia una confesión determinada.
MHUEL recuerda además la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. La sentencia 24/1982 establece que la aconfesionalidad implica la separación entre funciones estatales y religiosas, la 46/2001 insiste en la obligación de neutralidad estricta de las administraciones, y la sentencia 128/2001 subraya la necesidad de evitar cualquier tipo de preferencia o privilegio institucional. A la luz de estos criterios, consideran que la operación resulta “difícilmente compatible con el principio de neutralidad”, especialmente al sustituir un servicio público esencial.
El colectivo introduce también el contexto social para reforzar su crítica. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), existe una tendencia sostenida hacia la secularización, con descenso de la población que se declara católica, aumento de personas no creyentes o agnósticas y reducción de la práctica religiosa. Este escenario, argumentan, “obliga a las instituciones públicas a actuar con mayor prudencia y neutralidad en la asignación de recursos, evitando decisiones que puedan percibirse como alineadas con una confesión concreta”.
Asimismo, la entidad aragonesa MHUEL denuncia igualmente una “ausencia de planificación educativa” y una “falta total de diálogo con la comunidad educativa” por parte tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno de Aragón, y critica la inexistencia de evaluaciones de impacto y la “desatención” hacia las necesidades del alumnado afectado.
Las movilizaciones sociales en defensa del centro reflejan, según la organización laicista, “un amplio y sostenido rechazo” a la decisión municipal. En este sentido, advierten de que el Ayuntamiento de Zaragoza “no puede actuar como agente de promoción confesional sin erosionar la confianza de una ciudadanía diversa”.
Paralización del proyecto de museo de Semana Santa y reapertura del Centro de Educación de Adultos
“La cultura, cuando se instrumentaliza para justificar privilegios religiosos, pierde su carácter integrador y se convierte en un vehículo de exclusión simbólica”, señalan desde la entidad laicista.
Ante esta situación, MHUEL reclama “la paralización inmediata del proyecto del museo de Semana Santa y la reapertura del Centro de Educación de Adultos en su ubicación original”. Asimismo, insta al Gobierno de Aragón a “reforzar la educación de personas adultas como una política prioritaria”.
Finalmente, el colectivo concluye asegurando que la decisión municipal “no es neutra ni eficiente, debilita un servicio esencial y plantea serias dudas sobre su adecuación al principio constitucional de neutralidad religiosa”, y por todo ello, exige al Ayuntamiento de Zaragoza que rectifique.
