El pasado 2 de abril comenzaron las labores de demolición del antiguo cuartel de la Policía española en general Mayandía, situado entre la calle Crespo Agüero, el CEIP Joaquín Costa y la Hermandad del Refugio. Esta intervención, promovida por el Ministerio del Interior, se desarrollará —en su primera fase, según se ha informado— hasta finales de junio de 2025. Desde el inicio de los trabajos, alumnado, profesorado, familias y vecindario “han estado expuestos diariamente a una intensa nube de polvo, resultado de la falta de medidas eficaces de control ambiental por parte de la empresa constructora”, señalan desde la Asociación Vecinal Joaquín Costa – El Carmen.
En fechas previas al inicio de la obra se celebró, a petición de vecinal, una reunión en la subdelegación del Gobierno estatal en Zaragoza. Fueron convocados representantes de la AFE y la dirección del colegio, así como entidades y responsables políticos del barrio —estos últimos, sin realizar seguimiento posterior alguno—. “En aquella reunión se ofrecieron garantías que han sido contradichas por la realidad observada desde el comienzo de los trabajos”, destacan las entidades del barrio.
“Ante la magnitud del problema”, el pasado 14 de mayo se celebró una nueva reunión, convocada nuevamente por la Asociación Vecinal Joaquín Costa - El Carmen “con la participación de la empresa constructora, representantes de la Policía española, la dirección del colegio y familias afectadas”. Previamente a la reunión, el día 12 de mayo “fue alertada la Policía municipal de Zaragoza por desprendimiento de cascotes en la vía pública, fuera del perímetro vallado por la obra”.
Durante el encuentro, se pusieron sobre la mesa una serie de deficiencias graves, como la “ausencia de sistemas eficaces para el control del polvo en suspensión. La posible exposición a residuos de amianto”, señalan desde la vecinal, que destaca “que, aunque verbalmente se indicó que este material -el amianto- ha sido retirado, no se ha aportado ninguna documentación acreditativa de este hecho”, y recuerdan que “ante denuncia del Sindicato Unificado de Policía en diciembre de 2024, el Ministerio de Interior indicó que ‘verificará’ si la retirada de amianto de la comisaría de Mayandía cumple con el protocolo de seguridad”. También se puso sobre la mesa la “inexistencia de evaluación del riesgo biológico derivado de los excrementos de palomas acumulados en cubiertas, terrazas y viviendas abandonadas (algunas utilizadas como dormideros durante años)”, así como la “grave omisión del análisis del polvo generado para detectar la posible presencia de sílice cristalina respirable —una sustancia cancerígena reconocida— que se libera al demoler ladrillos, morteros y otros materiales con cuarzo”.
Ante la insistencia vecinal “la empresa reconoció no haber evaluado el riesgo por sílice ni conocer su obligación legal de hacerlo, comprometiéndose en el acto a encargar un análisis mediante laboratorio acreditado”, destacan desde la entidad vecinal. “Adicionalmente, se negó el acceso a cualquier documentación técnica (estudios de seguridad, certificados de residuos, informes ambientales), argumentando que se trata de una obra del Ministerio del Interior”, recalcan.
Por todo ello, desde la Asociación Vecinal Joaquín Costa - El Carmen exigen “transparencia, con el acceso a los documentos que acrediten la seguridad de la obra. Evaluación urgente de los riesgos reales que afectan a la salud de menores, docentes y vecinos. Aplicación inmediata de medidas de contención: barreras físicas, sistemas de riego eficaces y monitorización ambiental. Y supervisión activa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y de la administración sanitaria competente”.
“El derecho a la salud y a un entorno escolar seguro no puede quedar supeditado a ninguna obra pública, por necesaria que sea. Reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero también nuestra firme determinación para que se cumpla la legalidad en materia de protección ambiental, salud pública y derechos de la infancia”, concluyen.
