"Durante dos días seguidos fuentes de información desconocidas del IASS han dado información errónea a un conocido periódico local para intentar eludir su responsabilidad en la precarización y el recorte presupuestario realizado en los pliegos de condiciones para el concurso de la gestión educativa de los centros propios de protección de menores" afirma en un comunicado el comité de huelga del COA remarcando que estos movimientos llegan justamente después de que la mesa de contratación hiciera pública su apuesta para que FAIM gestionará los tres lotes a los que se presentó, siendo uno de ellos el COA.
"Este jueves -añade el comunicado-, dicho periódico publicaba información sesgada con la que el IASS pretende salirse del foco del conflicto". "Fuentes del IASS manifestaban que el COA precisa como plantilla 26 educadores como reflejaban los pliegos de 2010 y los actuales. Responsabilizan a FAIM de tener en plantilla actualmente a 30 educadores, que llevan cubriendo los turnos durante los cuatro últimos años", denuncia el texto. "Sin embargo -continúa-, no informan de que durante las dos pasadas huelgas generales DGA dictó el 100% de los servicios mínimos, una ratio de educadores por turno de mañana, tarde y noche para la que es necesaria la totalidad de la plantilla, 30 educadores".
Según fuentes del COA, "en este mismo sentido, en el día de ayer y en el mismo periódico local, el IASS deslizaba que habían sido las y los educadores del COA quienes habían presionado para que en la actual huelga indefinida se pusieran el 100% de los servicios mínimos, hecho que ya sucedió en las dos anteriores huelgas sin haber mediado contacto entonces con los educadores".
El equipo educativo recuerda que es DGA la responsable de imponer dichos servicios mínimos y que en las tres ocasiones las y los trabajadores lo han aceptado sin problema alguno, sobretodo "por coherencia y responsabilidad". A este respecto, el comité de huelga expresa: “Tanto IASS como empresas juegan constantemente con los números de educadores, de dinero… De cualquier cosa que les otorgue beneficios o ahorros. A ninguna de las partes les interesa cómo este juego de intereses perjudica a los menores. Estamos hastiados y cansados de que jueguen con los derechos de nuestros menores. Nosotros trabajamos con los menores en nuestro horario laboral y fuera de él vamos a seguir peleando hasta el final para defender sus derechos. No es sólo nuestra obligación profesional, sino también nuestra obligación moral de ayudar al más débil. Cosa que parece que a Gavín, directora del IASS, no le importa nada, ya que todavía esperamos a que nos reciba. Como principal responsable pedimos que no firme la adjudicación provisional y que se digne al menos a escucharnos”.
Por otro lado, recuerdan al IASS que si FAIM se ha presentado al concurso del COA ofertando dos educadores menos de los exigidos en los pliegos como bien explicó la mesa de contratación, parece "una irresponsabilidad por parte de la DGA darle su gestión en lugar de dejar el concurso desierto". En la actualidad están estudiando emprender acciones legales "por si esto pudiera representar un maltrato institucional hacia nuestros menores", apostillan desde el COA.
Finalmente, las y los educadores piden públicamente a Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, que muestre la "detallada memoria económica" en la que "dicen haberse basado para fijar las condiciones contenidas en los pliegos, en los que se traslada los gastos básicos de los menores a la empresa adjudicataria". A este respecto, desde el COA recuerdan que hasta la fecha la única cifra que ha precisado Oliván son los 28.000 euros anuales en los que cifra los gastos ordinarios de los menores.
"Consideramos esta cifra totalmente ridícula y sesgada, basándose simplemente en las facturas pagadas durante 2013, sin saber si en este cálculo se ha incluido lo que adeuda el IASS a todos sus proveedores, habiendo alguno de ellos haberse negado ya a prestar servicios al COA. Por si esto fuera poco, además el IASS no ha incrementado su partida económica en la cifra expuesta por Oliván. Los actuales pliegos tan sólo reflejan un incremento presupuestario anual de 21.534,84 euros con respecto a los de 2010", subrayan.
Por otro lado, los educadores valoraron la desestimación del recurso interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. “Es un acuerdo, que no una sentencia, que se nos comunicó hace semanas. Consideramos que esta desestimación tiene poco peso específico en cuanto a la legitimidad de nuestras demandas ya que el propio tribunal afirma sobre sus propias funciones en la página 12 de su acuerdo: ‘…su función es exclusivamente de control del cumplimento de los principios y trámites legales, de tal manera que no es posible la sustitución del juicio técnico de quien establece y determina el precio de un contrato, ni de quien lo valora y aprueba, en tanto cumpla con las formalidades jurídicas".
Los educadores recuerdan igualmente que el Justicia de Aragón admitió su queja sobre los pliegos de los centros de menores a trámite y que esperan respuesta de la Fiscalía de Menores.
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