Las familias del alumnado del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria CEIP Andrés Oliván, en el barrio rural zaragozano de San Juan de Mozarrifar, han denunciado públicamente una situación que consideran “grave y estructural” en relación con la escolarización en el barrio. Según explican, varios menores empadronados en la zona están siendo rechazados en el centro de referencia y derivados a colegios situados a hasta 20 kilómetros de distancia, sin garantía de transporte escolar.
La comunidad educativa sostiene que esta situación vulnera el derecho a una educación pública de proximidad y rompe el modelo de escuela cercana que históricamente ha caracterizado a los barrios rurales de Zaragoza. Las familias aseguran además que el problema no responde a una cuestión puntual, sino a una dinámica estructural derivada de la actual normativa de zona única y de la falta de planificación educativa adaptada a la realidad territorial del barrio.
Las familias recuerdan que San Juan de Mozarrifar cuenta únicamente con el CEIP Andrés Oliván como centro público de educación primaria. Posteriormente, el alumnado continúa sus estudios en el instituto de referencia de Villanueva de Galligo, donde sí existen plazas reservadas. Sin embargo, denuncian que en la etapa de primaria se está produciendo una falta de admisión de alumnado empadronado pese a que, aseguran, el colegio dispone de espacio y aulas disponibles.
“La no admisión de alumnado empadronado rompe el principio de escolarización cercana”, advierten las familias, que insisten en que el modelo rural debe garantizar plaza educativa en el entorno inmediato para evitar desigualdades y dificultades añadidas a las familias trabajadoras.
Uno de los aspectos que más preocupación genera entre la comunidad educativa es la derivación de niños y niñas a centros alejados del barrio. Según denuncian, algunas familias están recibiendo asignaciones en colegios situados hasta a 20 kilómetros de distancia, sin contar con un servicio estable y garantizado de transporte escolar.
Las familias consideran que esta situación provoca desigualdades entre alumnado de la misma localidad y dificulta enormemente la conciliación familiar y laboral. Además, alertan de que el problema afecta especialmente a quienes viven en un entorno rural y dependen de una red pública cercana para poder desarrollar su vida cotidiana en condiciones de igualdad.
En este sentido, recuerdan que el modelo de escuela de proximidad no solo cumple una función educativa, sino también social y comunitaria, al actuar como elemento vertebrador del barrio y facilitar la cohesión vecinal.
La denuncia pública de las familias no se limita únicamente a la cuestión de las plazas escolares. La comunidad educativa expresa también su inquietud por la reorganización interna del centro, que estaría suponiendo la unificación de grupos y el incremento de ratios por aula.
A ello se suma una “percepción de reducción de profesorado y recursos de apoyo”, especialmente en lo relativo a la atención al alumnado con necesidades específicas. Según explican, esta pérdida de recursos afecta directamente a la calidad educativa y a la capacidad del centro para atender adecuadamente la diversidad del alumnado.
Las familias alertan de que esta situación puede tener consecuencias especialmente graves para los menores que requieren apoyos educativos específicos, al reducirse los recursos humanos disponibles y aumentar la carga en las aulas.
Otro de los puntos recogidos en el dossier hace referencia a la gestión de los servicios complementarios en los centros públicos. Las familias muestran su preocupación por la falta de licitación regular en los últimos años del mantenimiento de zonas ajardinadas en colegios públicos, una tarea que, según indican, estaría siendo cubierta mediante entidades externas.
Consideran que este hecho refleja un deterioro progresivo de servicios vinculados a la escuela pública y una creciente externalización de funciones básicas relacionadas con el entorno escolar.
Movilización vecinal y exigencia de soluciones
Tras una asamblea de la comunidad educativa, las familias han comenzado a organizar distintas acciones para visibilizar el conflicto y exigir respuestas a las administraciones aragonesas competentes. Entre las medidas puestas en marcha se encuentran campañas de comunicación, contactos con agentes sociales y acciones de movilización vecinal.
La comunidad educativa insiste en que el objetivo es lograr soluciones urgentes que permitan garantizar el acceso a una educación pública cercana y de calidad para todo el alumnado del barrio.
Entre sus principales reivindicaciones destacan la garantía de plaza para todo el alumnado empadronado en San Juan de Mozarrifar, el mantenimiento del modelo de escolarización de proximidad en el CEIP Andrés Oliván, la revisión de ratios y el refuerzo de recursos humanos y apoyos educativos.
Asimismo, exigen que se garantice el transporte escolar en todos aquellos casos en los que el alumnado sea derivado fuera del barrio y reclaman una revisión de la gestión de los servicios complementarios en los centros públicos.
Las familias sostienen que lo que está ocurriendo en San Juan de Mozarrifar “no es un conflicto puntual”, sino un ejemplo de un problema estructural que afecta al conjunto de la educación pública y que tiene un impacto especialmente duro en los barrios rurales.
