Las organizaciones CGT, STEA, CHA, IU, MHUEL y Marea Verde han vuelto a denunciar esta mañana en rueda de prensa "el trato de privilegio" del Departamento de Educación hacia los centros privados concertados. Entre las razones expuestas por las organizaciones han destacado que "se siguen manteniendo concertaciones en los centros privados en aulas con una ratio muy inferior a la establecida en la normativa", y han puesto como ejemplos los colegios Cristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, La Anunciata, El Salvador, Sagrado Corazón Moncayo, Teresiano del Pilar, Santo Domingo de Silos, San Gabriel (Zuera) y El Pilar (Zuera), mientras "se han suprimidos grupos, unidades y puestos de trabajo en los centros públicos, a los que se les aplican unas ratios muy superiores".
Las seis organizaciones recuerdan también que "se mantienen y amplían concertaciones en las enseñanzas no obligatorias" como en el Colegio Virgen de Guadalupe de Educación Infantil, San Valero, El Buen Pastor, La Salle Santo Ángel, Padre Enrique de Ossó, Salesianos y Santo Domingo de Silos en Bachillerato.
Además han afirmado que en el Plan Impulso "la adjudicación de recursos a los centros se realiza sin ningún criterio objetivo público, resultando una mayor asignación a centros privados de la misma zona que los públicos, teniendo éstos mayores necesidades".
En base a ello, estas organizaciones piden la revisión de oficio de los actos nulos de la Administración respecto del Plan Impulso porque "abren la puerta a la contratación directa desde los centros públicos" y "discrimina a la Escuela Pública respecto de la privada subvencionada con fondos públicos, al contar con tres factores para la asignación económica: los datos de la renta de las familias con alumnado escolarizado en el centro, obtenidos en las convocatorias de becas; el índice corrector socioeconómico de la evaluación de diagnóstico; y el índice de ruralidad".
Por otra parte, han denunciado que "se hace caso omiso de los informes del Justicia de Aragón, así como los elaborados por el Consejo Escolar de Aragón, en lo que se refiere a la distribución equitativa del alumnado". Según los datos presentados por las seis organizaciones las y los alumnos extranjeros en el curso 2011-2012 son el 12,07 % de la población escolar total en la ciudad de Zaragoza, de ellos el 70,77% está escolarizado en centros públicos y el 29, 23% en centros privados concertados. El porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales escolarizados en centros públicos es del 67,5% del total y el de la privada es tan sólo del 32.5%.
Otros de los argumentos presentados en la rueda de prensa han sido "la disminución considerable del presupuesto destinado a la Educación Pública frente al recorte en la educación privada concertada. La concensión de programas a los centros privados (hasta ahora sólo de los centros públicos), que ha tenido como consecuencia un deterioro de las condiciones de dichos programas: el recorte económico y el del horario del profesorado en los centros públicos. La aplicación de tasas de matrícula y se reduce la oferta de la FP en los centros públicos rurales, a la vez que se conciertan enseñanzas de FP en centros como: Arsenio Jiménez (pasa de convenio a concierto), Fundación Laboral, Fundación San Valero o Academia Artemís. Y la creación de un aula mixta en el colegio de San Gabriel, sin ninguna necesidad de escolarización, con el único objetivo de enmascarar una concertación de 3º de Eduación Infantil, realizada de forma irregular, sin accceder a ello mediante proceso de convocatoria pública y sólo para 8 alumnos".
Estas organizaciones han entregado en la DGA escritos de claustros y Consejos Escolares solicitando "la reducción paulatina de los conciertos educativos y denunciando la discriminación". Asimismo han solicitado una entrevista con la consejera de Educación, Dolores Serrat, para hablar del tema de los conciertos educativos en Aragón.
"Todas estas medidas de la Consejería de Educación de Aragón, así como sus continuas declaraciones al respecto, responden a la apuesta del Gobierno del Partido Popular por la enseñanza privada, a costa del desmantelamiento de la Educación Pública. La nueva Ley de Educación (LOMCE) consolida legislativamente este modelo, ampliando la duración de los conciertos, estableciendo la asignación de recursos, en función de los resultados académicos, sin que haya una distribución equilibrada del alumnado, ni una distribución equitativa de los recursos y llegando incluso a garantizar suelo público para la construcción de centros educativos privados y más recursos a los que más tienen" aseveran.
Para concluir, han subrayado que la política de privatizaciones del PP "no afecta solamente a la educación, sino que estamos viviendo unas políticas de desmantelamiento de todos los Servicios Públicos, con el objetivo de privatizarlos", por ello han concluido afirmando que iniciarán "una campaña de movilizaciones contundentes".
