Desde CGT denuncian “el incumplimiento” del Gobierno de Aragón del Decreto 111/2000, de 13 de junio, en lo respectivo a la dotación de fondos a los Centros públicos educativos “ya que en su artículo 16 establece de forma expresa el procedimiento y plazos para la transferencia de fondos a los centros educativos mediante libramientos, con cargo a los créditos del presupuesto del Departamento de Educación y Ciencia, asignados a gastos de funcionamiento de los Centros”.
Dicho artículo determina de manera imperativa la realización de dos libramientos diferenciados, sin requisitos adicionales (un primer libramiento del 30% del total presupuestado para el curso, a percibir una vez que el presupuesto aprobado haya sido recibido por el Servicio de Educación, y un segundo del 70% restante, a percibir antes del 31 de marzo del ejercicio correspondiente.
Estamos hablando, explica José Luis Ruiz, secretario de acción jurídica de CGT Enseñanza, de que “los gastos de funcionamiento que los centros deben percibir anualmente con cargo a lo presupuestado (los centros envían su presupuesto en septiembre, en octubre se debería abonar el 30% y el resto en marzo), y que luego, en ocasiones no se ejecutan, dejando a los centros en una situación muy complicada, ya que, en la práctica, la administración educativa diferencia arbitrariamente entre los centros que, en el momento de realizar el libramiento, disponen de fondos propios acumulados en su cuenta y aquellos que no, condicionando la ejecución de los pagos a la situación financiera particular de cada centro, sin respaldo normativo que lo justifique”.
Los sindicatos del sector aseguran que “verbalmente desde la administración se explica que a centros que tienen ‘suficiente’ dinero en la cuenta en el momento en que se le va a entregar el libramiento ya no se le entrega, un criterio de difícil explicación legal, ya no digamos lógica”.
Ruiz resalta que “para empezar, los centros solo tienen una cuenta bancaria, a la que va todo el dinero que gestionan para diferentes proyectos, becas, dinero que está en la cuenta pero está asignado a cuestiones que nada tienen que ver con los gastos de funcionamiento de centro, puedes tener en la cuenta una suma de dinero importante, pero en realidad estar en número rojos”. Tampoco parece un buen sistema, continúa Ruiz, “ya que imposibilitas a los centros planificar a medio plazo sus gastos y acometer obras, reparaciones o proyectos varios, viéndose abocados a planificar el día a día e ir resolviendo los temas como van apareciendo, sin una correcta planificación”.
Desde CGT subrayan que la falta de estos ingresos afecta directamente “a la continuidad de los servicios esenciales, al pago a proveedores, poniendo en riesgo la capacidad de los centros para adquirir materiales educativos, equipamiento tecnológico y otros recursos fundamentales para la enseñanza y el desarrollo de proyectos educativos y actividades complementarias”, esenciales para garantizar una educación de calidad.
Con estos gastos de funcionamiento se pagan suministros básicos como la luz, agua, gas o gasóleo, reparaciones, compra de inventariable, obras de mejora y mantenimiento, contratos de renting (fotocopiadoras, por ejemplo), material didáctico, etc.
Por todo ello, el sindicato CGT reclama “el pago de estos importes desde el curso 2021-22”, y ponen como ejemplo IES como el Tubalcaín de Tarazona, el Río Arba de Tauste, el Juan de Lanuza de Borja o el Cabañas de L’Almunía “a los que se deben importes que van de los 25.000 a los 52.000 euros y que, según los propios centros, les han perjudicado al obligarles a reducir el horario de encendido de calefacción, cambios de persianas rotas, cristales de ventanas rotos con cartones, arreglos de goteras, cambio de ventanas que no cierran bien, etc”.
CGT Enseñanza Aragón considera que “esta situación vulnera la Constitución y la LOMLOE ya que las administraciones públicas deben garantizar la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros docentes públicos”, y que se trata de “un ataque más a la enseñanza pública, ya que en contexto de continuos recortes y desmantelamiento de los sistemas públicos, estos impagos ahondan en la precariedad en la que se encuentran buena parte de los edificios que sirven de centros educativos, muchos con instalaciones muy deterioradas y poco preparadas para el calor y el frío, como vemos cada verano y invierno”, recalcan.
Concluyen desde CGT anunciando que han registrado una reclamación exigiendo a la administración educativa aragonesa “que proceda de manera inmediata al pago de los libramientos no efectuados en años anteriores, correspondientes a los presupuestos de cada centro educativo de Aragón, aprobados por el servicio de educación conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 111/2000”, así como que se convoque una reunión con representantes sindicales y de los centros educativos afectados “a fin de analizar el problema y buscar soluciones concretas que garanticen la estabilidad financiera de los centros docentes”.
“En caso de no ser atendidas estas peticiones, iniciaremos la vía jurídica exigiendo que se depuren responsabilidades en caso de que persista el incumplimiento de los pagos, adoptando medidas correctivas para evitar la repetición de este tipo de situaciones en el futuro”, concluyen desde CGT Enseñanza Aragón.
