La entidad Ecologistas en Acción sigue de cerca la evolución de todos los proyectos de energías renovables de nuestro país a través del visor cartográfico, disponible para la consulta de cualquier persona interesada, y de su base de datos asociada.
Analizando los parques solares fotovoltaicos se constata que desde octubre de 2022 se han emitido 86 Declaraciones de Impacto Ambiental -DIA-, de las cuales 83 han resultado positivas, y tan solo 3 han resultado desfavorables. De las 83 positivas, 7 han sido emitidas por el Ministerio -BOE- y 66 por el Gobierno de Aragón -BOA-. De las 3 DIAs desfavorables, 2 han sido del Ministerio y 1 sola del Gobierno de Aragón.
“Con ello, se facilita en gran medida la autorización de estos proyectos, sumando un total de más de 7.000 ha de superficie de paneles solares con una potencia a instalar de 3.526,6 MW. Las 3 DIAs desfavorables suman 1.048 ha y 615 MW, representando aproximadamente un 15% el total”, destacan desde Ecologistas en Acción.
Por otro lado, se constata que el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental -INAGA-, “está tramitando proyectos fraccionados en la mayoría de las situaciones. A modo de ejemplo, la situación de la zona en el entorno de la antigua central térmica de Andorra”, explican.
En los últimos meses se ha dado el visto bueno ambiental a la totalidad de los proyectos de plantas solares que estaban en trámite, todos ellos subdivididos en instalaciones de unas 100 ha cada uno, pero colindantes entre sí, en grupos de hasta 9 proyectos. Sin embargo, la DIA de cada uno de ellos ha sido publicada en fechas diferentes. Se suma un total de más de 2.000 ha y 890 MW a instalar en esta zona, además de los proyectos ya autorizados en la misma zona, y otros que todavía no cuentan con la DIA, así como el despliegue de aerogeneradores e infraestructuras de evacuación, no representados en la imagen.
Por todo ello, Ecologistas en Acción recuerda “que esta manera de proceder está fuera de la legalidad y que no se han analizado en absoluto los impactos sinérgicos que tendrán estas instalaciones sobre el medio”.
Teruel Existe asegura que el INAGA convierte Aragón “en un coladero”, por lo que exigen dimisiones
El grupo de energía y medio ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha ofrecido una rueda de prensa con la participación de su portavoz, Mariano Tomás, y Ainhoa Gascón, miembro de la ejecutiva de la formación política, en la que han presentado un meticuloso análisis que han realizado con los datos del portal de acceso público de resoluciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental -INAGA- de expedientes de proyectos relacionados con energías renovables.
La conclusión que han transmitido es que el control que ejerce este organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, es “prácticamente nulo”. Remontándose al año 2006, el INAGA ha publicado 129 resoluciones negativas de un total de 729 expedientes, por lo que habría desestimado un 17,7% de los proyectos presentados.
Teruel Existe aduce que las cifras de los últimos años, entre 2018 y 2023 coincidiendo con la expansión de las grandes centrales de renovables en Aragón y la acumulación de expedientes, son muy diferentes, puesto que los proyectos desestimados suponen sólo el 6,8% (32 declaraciones de impacto negativas de 466 proyectos presentados). El Movimiento ciudadano contrasta estos datos para “poner en entredicho” la información difundida en las últimas semanas acerca del número de proyectos denegados por el INAGA, en cuanto a que “la observación de las cifras con la perspectiva del momento actual nos permite interpretar mejor las decisiones que se están tomando”. Además, comparan las cifras con los porcentajes publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha rechazado el 29% de los proyectos a nivel estatal que tenían en trámite la Declaración de Impacto Ambiental -DIA- antes del pasado 25 de enero.
Ainhoa Gascón ha expuesto que en 2022 el INAGA ha rechazado 8 expedientes de 195, es decir, que ha aprobado un 96%, y en el mes de enero de 2023 se han emitido 38 resoluciones, es decir, casi un 20% del total de las que se publicaron en 2022, y, todas ellas han sido favorables. Hasta el 13 de febrero se han emitido 18 más, y se ha rechazado solo una. Así, en el primer mes y medio de 2023 ya se han emitido 56 resoluciones, cuando en todo 2022 se emitieron 195, lo que significa que a pocos meses de las elecciones a Cortes de Aragón y municipales el INAGA está “acelerando” y se están tramitando las resoluciones a una velocidad que, de seguir este ritmo, podría doblar las resoluciones de 2022.
A la luz de los datos públicos, Mariano Tomás ha especificado tres momentos clave en los que los expedientes positivos comienzan a tener un porcentaje mucho mayor que los negativos en el INAGA. En primer lugar, el 16 de septiembre de 2016, coincidiendo con la incorporación de su actual director, Jesús Lobera, en segundo lugar con la formación del Gobierno de Aragón y, por último, desde el 3 de agosto de 2021, cuando externalizan las evaluaciones ambientales mediante empresas privadas.
Desde el Movimiento ciudadano consideran que la licitación del “Servicio de apoyo técnico y administrativo para la tramitación de expedientes en materia de energías renovables”, que el Gobierno de Aragón destaca por su agilidad, se descubre como “una herramienta político-administrativa con una función proactiva y facilitadora para los promotores, que ha generado un coladero sin precedentes”. En las denuncias que presentaron en varias fiscalías detallaron que las empresas que realizan esta función para el INAGA trabajan a su vez en la redacción de proyectos para los promotores de renovables. Por todo ello denuncian que “el INAGA habría perdido su independencia, y no actúa bajo los criterios de objetividad e imparcialidad que deben regir sus decisiones”.
En la rueda de prensa, han solicitado la dimisión del Director del INAGA, Jesús Lobera, y del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, “porque lo que se está permitiendo es muy grave y con impactos irreversibles”. Además, ante lo que consideran “una grave falta de rigor y garantías”, solicitan la paralización inmediata de todos los expedientes relacionados con macroproyectos de energías renovables en vigor, así como de la Autorización Administrativa de aquellos que hayan sido declarados como compatibles durante al menos el último año. Advierten de que Teruel Existe va a denunciar los expedientes en los que se detecten irregularidades.
Mariano Tomás ha indicado que al ritmo actual de aprobación de expedientes, en el conjunto de Aragón la superficie actual destinada a renovables con proyectos ya aprobados “se va a multiplicar casi por 5, llegando al 15,21% de toda la superficie” de nuestro país, el equivalente a más de 1.000.000 de campos de fútbol como La Romareda, o prácticamente toda la superficie de la Comunidad de Madrid.
Fragmentación de proyectos y falta de regulación
La información aportada por el Grupo de energía y medioambiente de Teruel Existe hace hincapié en que más de la mitad de los expedientes evaluados por el INAGA presentan “proyectos fragmentados artificialmente por los promotores”, y explican que realmente “debería haberlos evaluado el MITECO”. Expresan que es inevitable preguntarse “si esa fragmentación irregular, permitida por la propia administración aragonesa, se hace con el objetivo de aprovecharse de la permisividad del INAGA”. Desde el Movimiento Ciudadano Teruel Existe denuncian que esta situación se agrava porque en Aragón no existe Plan Energético (caducado en 2020) y tampoco ninguna figura de ordenación ni planeamiento que regule la implantación de las centrales eólicas y fotovoltaicas, lo que conlleva que se presenten proyectos en lugares con gran afección.
Teruel Existe afirma que el INAGA está incumpliendo abiertamente la legislación de evaluación ambiental respecto a los proyectos que se presentan, tanto en fondo como en forma. Mariano Tomás ha argumentado que se permiten instalaciones en zonas LIC, en lugares pegados a zonas de espacios de protección para algunas aves, ocupan áreas de recuperación de algunas especies, límites de Red Natura, etc. Pero también ha afirmado que se aceptan expedientes, e incluso se publican para exposición pública, a falta de entregar por parte del promotor algunos estudios determinados o propuestas de alternativas, como exige la ley, y admiten que estos documentos se incorporen al expediente con posterioridad. Además, se permiten modificaciones sustanciales de proyectos (más del 15%), a los que se ha otorgado previamente una declaración de impacto ambiental favorable y después se realiza una exposición pública sólo con el proyecto modificado, “un mero trámite sin nuevos estudios ambientales”. Teruel Existe denuncia que “Aragón es el paraíso de los promotores”, porque estos comportamientos son opuestos a los que se realizan desde el Ministerio y otros territorios autónomos.
Mariano Tomás ha señalado la contradicción que se está produciendo, “hay un mayor coladero en la evaluación precisamente en el momento en que más se está saturando Aragón de renovables, copando espacios impensables anteriormente, creciendo la agresión ambiental cada vez más”. Estiman que Aragón produce actualmente el 180% de la energía que consume y en pocos años llegará a producir cinco veces más, el 500%.
Han recordado que, desde 2021, Teruel Existe ha presentado 180 alegaciones a proyectos y tres denuncias en los juzgados y en fiscalía, “trabajando desde todos los frentes, y ahora también en el político, porque en Aragón las evaluaciones ambientales se están haciendo muy mal”, es el país que peor lo hace de todo el Estado español, han concluido.
