Denuncian el amparo legal para la privatización de la sanidad

La privatización de la sanidad pública continuará mientras existan las leyes que la posibiliten.

Imagen de archivo. Foto: @sarajulvez

El pasado 15 de mayo, el Salud adjudico a la UTE formada por las constructoras OHL e Iridium, propiedad de Juan de Juan Miguel Villar y Florentino Pérez respectivamente, la construcción y gestión del Hospital de Alcanyiz, convirtiéndose así en el primer hospital privatizado de Aragón.

En estos momentos las contratas que no resultaron adjudicatarias disponen de un plazo de 15 días para presentar un recurso antes de la formalización del contrato. Al no disponer de tiempo para cursar el expediente, el Gobierno de Aragón ha paralizado el proceso en vistas de que el próximo ejecutivo podría negarse a tramitarlo.

Desde la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, piden al nuevo ejecutivo, que cumpla sus promesas electorales que tantas veces ha repetido a cerca de paralizar la privatización del Hospital de Alcanyiz, además de solicitar a que se niegue a cumplir, entre otras normas, la ley 15/97 "que es la que abre la puerta de la sanidad a las empresas privadas".

“Nosotros y nosotras no olvidamos quiénes han sido los protagonistas y los cómplices de las políticas privatizadoras. También sabemos que denunciar la privatización de la sanidad llevada a cabo por el PP es una cosa, y estar en contra la privatización es otra. Si lo que nos decían y prometían es verdad, el nuevo ejecutivo está obligado a luchar contra todas las formas de privatización, paralizándola y recuperando los centros ya privatizados” declaran desde la plataforma.

Además recuerdan que si el nuevo ejecutivo aragonés no paraliza la privatización del hospital de Alcanyiz, el coste sería de 393 millones de euros en 20 años por medio de la fórmula de concesión de obra pública (PFI).

Con este sistema el Gobierno de Aragón cede la construcción y la gestión del Hospital a la UTE, le asegura los clientes y además le concede un canon anual. Todo esto, con el riesgo añadido de que si en unos años la UTE considera que no gana lo suficiente la DGA le aumentaría dicho canon.

La sanidad en manos de magnates

OHL, es propiedad del Grupo Villar Mir, el cual está presidido por Juan Villar Mir, el que fuera vicepresidente de asuntos económicos y Ministro de Hacienda durante el gobierno franquista de Arias Navarro y ahora marqués, por gracia del Rey Juan Carlos I. El imperio de este magnate, es uno de los mayores holdings del estado español. Es dueño de Fertiberia, Ferroaltántica, InmobiliariaEspacio, Colonial, y OHL, a través de cual también controla un 19% de Abertis.

El currículum de denuncias por incumplimiento en los contratos y de escándalos por corrupción que arrastra la multinacional OHL, se extiende por diferentes puntos del mundo. Chantajes al Gobierno de Estambul, para conseguir aumentos en el precio de adjudicación, amenazando con la paralización de las obras del “megaproyecto Marmaray”, el túnel submarino más profundo del mundo que une Europa con Asia y que ha sido ampliamente criticado por la destrucción de restos arqueológicos y por el gran riesgo de terremotos que supone en la zona.

Disputas abiertas con las autoridades de las dictaduras petroleras de Arabia Saudí y Qatar por el incumplimiento en los contratos del “AVE de los peregrinos” y la construcción del Hospital de Doha, respectivamente, llegando incluso a ser rescindido el mantenido con Qatar.

OHL también está inmersa en una red de supuestos sobornos a funcionarios públicos y miembros del gobierno mejicano para aumentar los beneficios de la obra de la autopista conocida como el “Viaducto Elevado Bicentenario” y, por los cuales, la empresa está siendo objeto de investigación por el estado de dicho país.

En el Estado español la empresa constructora OHL también está implicada en el caso de los “papeles de Bárcenas” así como por el presunto amaño en la adjudicación de las obras del Hospital Balear de Son Espases por el cual, el presidente de la misma, está actualmente imputado.

La otra empresa adjudicataria es Iridium, filial del grupo ACS. El presidente de ACS es el multimillonario Florentino Pérez. Aquel que levantara la economía del Club deportivo que actualmente preside a golpe de pelotazo urbanístico, también inició su carrera en la política.

Primero, como concejal del Ayuntamiento de Madrid y como director general de Infraestructuras de Trasportes del Ministerio con UCD y, posteriormente, con el PRD, con el que llegó incluso a presentarse como candidato a las elecciones generales.

Los tentáculos del grupo ACS están presentes en diferentes sectores económicos a través de numerosas empresas participadas como: Hochtief, Leighton, Turner, Flatiron, Urbaser, Cobra, Iberdrola o CLECE. Recordemos que CLECE es a quien también se le ha cedido la privatización de la residencia de Movera.

Los negocios del grupo ACS, a lo largo y ancho del país, le siguen permitiendo acumular beneficios a costa de todos. Medio millar de seísmos en las costas de Castellón con el “proyecto Castor”, por el que además se le premió con más de 1.600 millones de euros.

La venta de su participación, controlada por su filial Iriduim, del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, uno de los primeros en aplicar la fórmula PFI, al fondo de inversión holandés DIF.

Además, tras ser beneficiario de la privatización de la limpieza de seis hospitales de la Comunidad de  Madrid, anunció despidos de hasta el 45% de la plantilla. Acapara denuncias de 700 trabajadores de Ayuda a Domicilio en Granada por faltas de pago de las nóminas; denuncias de más de 100 trabajadores en Zaragoza, del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, por los mismos motivos, además de por el despido de 5 compañeros; ha provocado la huelga indefinida de 158 trabajadores del aeropuerto de Barajas por incumplimiento en los contratos y reducciones salariales. La lista de conflictos laborales que deja a su paso el grupo ACS es interminable.

El grupo Villar Mir y el grupo ACS, no son un caso excepcional. La lógica del beneficio inherente al capitalismo permite que empresas como estas sigan amasando fortunas a golpe de especulación, expolio, destrucción y explotación.

Desde la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón desean recordar una vez más las negativas consecuencias que tiene la privatización de la sanidad y en concreto la cesión a empresas privadas de los servicios no sanitarios y la gestión de hospitales públicos, como es el caso del Hospital de Alcañiz.

Entre ellas enumeran algunas de las afecciones que han generado este tipo de privatizaciones en otros puntos del planeta. Por ejemplo, la privatización de los servicios de limpieza en Gran Bretaña, supuso la reducción del 50% del servicio de limpieza y coincidió con el incremento de la tasa de infecciones por MRSA, infección bacteriana provocada por la bacteria Staphylococcus aureus, hasta llegar a ser la más alta de la UE.

Una sanidad más cara y de peor calidad

Desde la plataforma denuncian que “ser atendido en un hospital privado, con ánimo de lucro, aumenta las probabilidades de muerte respecto a ser atendido en un hospital público en un 2% en adultos, un 8 % en pacientes crónicos, Un 9,5 % en recién nacidos”.

Los hospitales privados, según la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, acarrean más riesgos para la salud de los pacientes, “ya que su objetivo prioritario es repartir beneficios entre los accionistas y, para conseguirlos, reducen las plantillas y precarizan las condiciones laborales”.

El modelo PFI que se va a implantar en Alcanyiz, fue importado de  Reino Unido, donde ha demostrado sus graves consecuencias. En el año 2009, se descubrió que entre 400 y 1200 pacientes habrían muerto en el Hospital de Stanffordshire (PFI) por anteponer la atención económica a los intereses  sanitarios.

Desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad se oponen frontalmente a la privatización del Hospital de Alcanyiz, y exigen la derogación de "la Ley 15/97, que es la ley que permite que las empresas privadas puedan gestionar la sanidad pública. Mientras exista una ley que le de soporte y partidos políticos que no las deroguen el proceso de privatización seguirá siendo legal".

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