Las demandas se interponen en nombre de más de 300 trabajadoras y trabajadores temporales “de las administraciones local, autonómica y general del Estado”, algunas de ellas procedentes de nuestro país, y además de aragonesas, también de territorios como Catalunya, País Valencià, Castilla y León y Comunidad de Madrid. FETAP-CGT denuncia que “la Comisión Europea ha incumplido su obligación legal de garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 1999/70/CE, tolerando durante años normas estatales, como la Ley 20/2021 y el RDL 14/2021, que no prevén sanciones reales, proporcionales ni disuasorias”.
¿Qué implicaría una sentencia favorable?
Si el Tribunal General (TGUE) estima el recurso “la Comisión estará jurídicamente obligada a actuar para dar cumplimiento a la sentencia”. Indican desde FETAP. En la práctica, debería activar de inmediato un procedimiento de infracción contra el Estado español, que también afectaría a Aragón “que culmine con sanciones reales por el incumplimiento del Derecho de la Unión en materia de temporalidad abusiva”, aseguran desde el sindicato.
“El TGUE no impone sanciones por sí mismo, pero declara la omisión de la Comisión. Si esta incumple la sentencia, podría iniciarse un nuevo litigio por inejecución, en virtud de los artículos 265 o 266 del TFUE. Además, el fallo reforzará la posición jurídica de sindicatos, asociaciones y personas afectadas para exigir la apertura de expedientes y ejercer presión tanto a nivel estatal como europeo”,recalcan.
Una ofensiva legal construida sobre una labor documental exhaustiva
Este recurso no surge de forma aislada. Forma parte de una estrategia sostenida por FETAP - CGT “en defensa de los trabajadores y trabajadoras públicas en abuso”, que ha incluido la remisión de dos informes documentales a las instituciones europeas en mayo y junio de 2025. “En ellos se aportan pruebas estadísticas, informes oficiales, análisis legislativos y datos procedentes del INE, la AIReF, el Defensor del Pueblo, cámaras de cuentas autonómicas y dictámenes consultivos, que evidencian el uso sistemático del empleo temporal sin sanción efectiva ni reparación real”, destacan.
Ambos informes alertan de que los llamados procesos de “estabilización, no solo han sido ineficaces, sino que han servido para amortizar plazas estructurales, incrementar la inseguridad jurídica, y despedir masivamente a trabajadoras en situación de abuso, en su mayoría mujeres de más de 50 años”, enfatizan desde CGT. Además, muestran cómo la norma “deja fuera a amplios colectivos del sector público incluyendo justicia, educación y sanidad, y a más de 200.000 empleados de administraciones locales y autonómicas, lo que supone una exclusión masiva sin reparación ni tutela judicial efectiva”, aseveran desde FETAP.
Fondos Europeos y la reciente sanción de 626 millones con seis meses de carencia
Este paso judicial coincide con la reciente decisión de la Comisión Europea “de suspender 626 millones de euros en fondos europeos al Estado español por incumplir el hito 144 del Plan de Recuperación, relativo a la entrada en vigor de medidas eficaces contra la temporalidad abusiva. La suspensión incluye una carencia de seis meses, tras la cual la sanción se aplicará definitivamente si no se aprueban medidas adecuadas”, recuerdan desde el sindicato.
“No obstante, tal como recogían diferentes medios de comunicación el pasado 9 de julio, el gobierno del Estado español ha anticipado que no modificará las indemnizaciones ni aplicará medidas con efectos retroactivos, limitándose a proponer reformas futuras vía enmiendas en leyes no centradas en el empleo público”, destacan desde FETAP – CGT.
Finalmente, FETAP considera “inaceptable esta actitud y recuerda que el TJUE ha sido claro, no basta con agilizar oposiciones o anunciar sanciones a los gestores públicos, inaplicables en la realidad, es imprescindible sancionar el abuso y reparar sus consecuencias a las personas afectadas de forma directa e inmediata”.
