Cuando parecía que el asunto del caso de corrupción de La Muela, el más grande de la historia aragonesa hasta el momento, ya estaba resuelto y que el Consistorio empieza a levantar cabeza sobre la deuda, habrá de repetirse el juicio a la ex-alcaldesa Mª Victoria Pinilla y otros seis procesados.
Lo de la lentitud de la justicia es más que conocido, así como la complejidad de los procesos de corrupción, más aún cuando se trata de casos con tantos implicados como el de La Muela.
Pero en este caso tenemos que remontarnos 25 años y hasta más para encontrar el comienzo de la madeja de la que empezó a tirar el proceso judicial un lejano marzo de 2009 con las detenciones de la llamada Operación Molinos.
En marzo de 2009 se sustanciaban las detenciones por orden del juzgado de La Almunia, pero las corruptelas y las irregularidades en La Muela tenemos que empezar a encontrarlas en los 90 del siglo pasado, aunque ancla sus raíces incluso en los 80. Todo esto cuando el actual alcalde, Adrián Tello, que heredó la deuda de la época más oscura del pueblo, era un niño o quizás ni hubiera nacido.
Podemos hablar de corruptos sin ambages porque hay una sentencia judicial que así lo dice. Tampoco hay que poner nombres, pero está claro que se prevaricó bien a sabiendas, que se estafó a la Seguridad Social y a Hacienda y que se falsearon las cuentas de cara a las instituciones.
Tampoco hay que tener miedo a decir que en el banquillo que condenó a 29 imputados fueron todos los que estaban pero no estaban todos los que fueron. Es difícil creer que una trama que se empleó tan a fondo para saquear las arcas públicas y repartir favores (no olvidemos que llegó a haber más de 150 trabajadores/as municipales puestos a dedo mayormente) no contó con la implicación de muchas más personas.
Y no es difícil deducir que una red tan amplia, aunque tan burda por otro lado, no contó con una ley del silencio que involucró a cientos de muelanos y un puñado de responsables institucionales en Zaragoza.
Al margen de la red institucional y de la familia Pinilla-Embarba el entramado inmobiliario implicó a empresas que se mueven por media península: la madrileña Brocover, la vasca Sagain, Tudela Inmobiliaria, Nuevos Hogares, Concilio Construcciones o la omnipresente Aranade de Carmelo Aured, protagonista de un rosario de delitos y muy vinculado al pelotazo del polígono industrial de la localidad.
Todas estas constructoras vinculadas con recalificaciones de terrenos irregulares y a la vez con personal de Cajalón implicado en blanqueo de capitales y con el clan familiar.
Aquí se interrumpió la tupida red corrupta y ya nunca llegará a un juzgado la conexión política del asunto. Pero es bien sabido que toda esta trama conecta directamente con el PAR, partido al que pertenecían buena parte de los condenados y que los avaló durante décadas, para luego salir del embrollo como pudo. Es poco creíble que no estuvieran informados de una trama de semejante volumen.
Tampoco llegarán al juzgado, quien sabe si en un futuro, algunos nombres de pueblos aragoneses que sonaron cuando estalló el escándalo. De todo lo que hubo en La Muela se quedaron en el tintero algunas de localidades que siempre han planeado en torno a desarrollos urbanísticos desorbitados como Cuarte de Huerva, La Puebla de Alfindén o Utebo. Todos estos pueblos y alguno más ya sonaron cuando se instruía el sumario y tienen en común sentenciados en el proceso, también suenan las siglas del PAR, recalificaciones de terreno y operaciones inmobiliarias de gran tamaño. Mejor no moverlo demasiado porque igual apesta.
Vendrá otro juicio. Aún puede tardar mucho tiempo y las nuevas condenas, en cualquier caso, seguirán dejando cabos sueltos de décadas de corrupción. Las 40 implicadas originales dieron una mirada parcial de todo el escenario, pero sería bueno que se deshiciera toda la madeja de décadas de corrupción que siguen dejando un regusto de impunidad.
