El ministerio de Hacienda español ha publicado que el gobierno de Luisa Fernanda Rudi excedió en un 50% el objetivo de déficit en 2013. Y el Instituto Aragonés de Estadística indica que la tasa de inflación interanual se situó en febrero en Aragón en el -0’2%, habiendo sido el cero por ciento en el mes de enero.
Desde CGT Aragón destacan como nuestro en nuestro país, además de traspasar en un 50% el objetivo de déficit público en 2013, no hay crecimiento interanual simultáneo de cotizantes a la seguridad social desde hace 7 años, y el 90% de los contratos aragoneses firmados en marzo son temporales. Por ello, desde CGT abogan “por la jornada laboral de 30 horas semanales y el reparto de la riqueza como medidas de choque contra el paro”.
Jesús Pérez, secretario general de CGT Aragón explica que “el gobierno de Luisa Fernanda Rudi nos está llevando a un escenario de deflación en el que la pequeña empresa no podrá cubrir gastos. A este panorama se suma el incumplimiento de los objetivos de déficit. ¿A dónde va a parar el dinero de los recortes? ¿Al plan Impulso o al reparto gratuito de millones de periódicos afines al gobierno?”, se pregunta.
Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio español de Empleo y Seguridad Social referentes a Aragón, durante el mes de marzo de 2014, el total del paro registrado en Aragón es de 53.033 hombres y 55.829 mujeres, 108.862 personas en total, de las que únicamente 60.875 (el 56% del total) son beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo.
Ha sido el sector servicios en el que se ha producido el mayor descenso en registros, concretamente 809 personas se han dado de baja en el registro de paro en este sector. Sin embargo se han registrado como parados 264 aragoneses del colectivo de personas sin empleo anterior y 329 parados más en el sector agrícola.
“En marzo disminuye el número de aragoneses y aragonesas que voluntariamente se apuntan como desempleados en las oficinas de Servicio Público de Empleo Estatal. La gente se ha cansado de registrarse ante la falta de expectativas de encontrar trabajo en Aragón a través de dicho trámite”, señala Jesús Pérez.
Según las mismas fuentes, si bien en marzo hubo un aumento de 1.619 afiliaciones en Aragón a la seguridad social, un 0’33% más que al inicio del mes; este incremento ha sido insuficiente para lograr simultáneamente un dato interanual positivo de cotizantes a la seguridad social. En concreto hay un total de 494.998 afiliados en Aragón, de los cuales 391.177 pertenecen al Régimen General (incluidos los regímenes especiales agrario y de asistencia al hogar). Según la última Encuesta de Población Activa en Aragón hay 633.400 personas con capacidad y disposición trabajar. El Servicio Público de empleo Estatal también indica que el 90% de los 30.058 contratos firmados en Aragón durante el mes de marzo fueron temporales y sólo el 10% fueron indefinidos.
Según Jesús Pérez “en muchas ocasiones estos empleos temporales no garantizan la superación del umbral de pobreza”, el porcentaje de aragonesas y aragoneses registrados en el paro sin ningún tipo de prestación por desempleo es del 44%, siendo 841,7 euros mensuales la cuantía media percibida por los aragoneses beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo, es reseñable que en las comarcas de Teruel esta cuantía es únicamente de 786,3 euros mensuales.
“A la especulación capitalista siempre le ha interesado el agiotaje y el mantenimiento de una elevada tasa de desempleo para esquilmar y presionar a las y los trabajadores en activo. El miedo a perder el empleo se convierte así en un mecanismo que induce a asumir pérdida de derechos, de condiciones de trabajo y salariales que, en una situación de bajo desempleo, no se producirían”, afirma Perez.
Desde CGT explican que “luchamos por romper el aislacionismo asumido por quienes están en paro y piensan que su situación es meramente personal y no tiene carácter colectivo, e intentamos dinamizar su presencia pública organizada para revertir su situación de exclusión. La CGT rechazará cualquier medida coercitiva sobre las y los parados, ya sea obligándolos a aceptar cualquier empleo, bajo la amenaza de retirar las prestaciones, o forzándolos a realizar tareas como mano de obra barata”.
